La juez Mercedes Alaya ha prorrogado por sexta vez el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de julio sobre la denominada operación 'Madeja', por la que hay tres personas encarceladas y en la que se investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que prorroga un mes más el secreto de las actuaciones decretado por primera vez el pasado julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, y otras dos personas vinculadas a Fitonovo y a Fiverde.
La instructora, en este auto, ha realizado una advertencia expresa a las partes de "secreto total", todo ello después de que, en el anterior auto de prórroga adelantado por Europa Press, incluyera por error que había acordado la intervención, grabación y escucha de una decena de líneas telefónicas utilizadas por funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla, lo que obligó a adelantar una operación prevista por la Guardia Civil para más adelante en la que fueron detenidas cinco personas, tres de las cuales ingresaron en prisión.
En el auto que desencadenó la operación policial, la magistrada revelaba que el pasado 21 de octubre acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la intervención de dos líneas más.
La operación 'Madeja', desarrollada en dos fases entre julio y diciembre de 2013, se ha saldado hasta el momento con nueve personas detenidas y otras cuatro imputadas por la Guardia Civil. En la primera de estas fases, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Durante su declaración ante la juez, el exadministrador de Fitonovo detenido aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".
ENTREGA DE TELÉFONOS MÓVILES
También dijo que entregó a Castaño siete teléfonos móviles Nokia para que los repartiera, aunque no precisó quiénes serían los últimos destinatarios de estos teléfonos.
Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron en prisión tres, como son el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baró; el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores; y el capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas.
De igual modo, la juez dejó en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le acusara de haber realizado un pago de 25.000 euros hace unas tres semanas a Francisco de Amores, aunque según algunas fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.
Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines negó ante la juez Alaya todas las acusaciones.
En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.
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