El ex primer teniente de alcalde sevillano Antonio Rodrigo Torrijos (IU) ha recurrido el procedimiento dictado por la venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla apelando al principio de "cosa juzgada" y a que las cláusulas investigadas no dañaron el interés público ni fueron recurridas por los perdedores.
Rodrigo Torrijos, en un recurso al que ha tenido acceso Efe, dice que la juez instructora no ha concretado cuales fueron las "resoluciones prevaricadoras" que le imputa porque todas fueron adoptadas por los órganos colegiados de Mercasevilla, integrados por juristas como el secretario general, el interventor municipal o el abogado del Estado, y luego por el pleno del Ayuntamiento.
El actual concejal de IU ha recurrido directamente ante la Audiencia provincial de Sevilla el auto de la juez Mercedes Alaya que cerró la investigación por la venta de los terrenos de Mercasevilla y dirigió la causa contra 16 personas, entre ellas el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena, y Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).
El recurso apela al principio de "cosa juzgada" pues el juzgado número 10 de Sevilla y luego la Audiencia provincial, en mayo de 2010, archivaron la denuncia de la empresa Larena, que poseía unos derechos de superficie en Mercasevilla, por supuesto trato de favor de Sando, que resultó finalmente adjudicataria del concurso pese a haber ofertado 105 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga.
"Sobre los mismos hechos no pueden instruirse dos procedimientos diferentes por distintos juzgados", sostiene la abogada de Torrijos, Encarnación Molino, en un recurso de 43 folios.
Además, recuerda que las sucesivas resoluciones para la venta de los terrenos fueron aprobadas por órganos colegiados y "no se sostiene ni jurídica ni lógicamente que, siendo siete los consejeros que aprueban el acuerdo, cuatro actúen legalmente y tres de ellos incurran en delito".
De la misma manera, entiende que Alaya atribuyó "sin fundamento" a Torrijos ser el artífice de la decisión de vender mediante concurso público y no subasta, y respecto a la cláusula de "limitación al alza" recoge que su objetivo era evitar que el precio del suelo fuera desproporcionado.
También recuerda que la Asociación de Mayoristas de Mercasevilla recurrió en la vía Contencioso-Administrativa el pliego de condiciones del concurso y el juzgado, con el apoyo del fiscal, determinó que no hubo ningún daño al interés público.
Molino resume el auto de Alaya diciendo que solo contiene "elementos subjetivos, presunciones e hipótesis".
Pero en este caso, al tratarse de un personaje público, su imputación le ha causado la "injusta pena social de banquillo", más gravosa para una persona que se dedica a la política y su implicación en un proceso penal no solo deteriora su imagen sino que le causa "el sufrimiento de gravísimos perjuicios irreparables a la función pública que desempeña".
Rodrigo Torrijos, portavoz municipal de su grupo en el actual mandato, ha anunciado su renuncia al cargo como consecuencia, entre otros casos judiciales, de su imputación por Mercasevilla.
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