La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez (ANC) ha aprobado este lunes mantener la pena de muerte en el proyecto de borrador de la nueva Carta Magna, que estará contemplada en el artículo 21 del texto, relativo a derechos y libertades, según ha informado la emisora tunecina Mosaique FM.
El organismo ha aprobado igualmente varios artículos que consagran el derecho de elección y voto, la libertad de creación de partidos, sindicatos y asociaciones, el derecho de huelga, el derecho de asamblea y manifestación pacífica, y la libertad de investigación científica.
Este mismo lunes, el primer ministro interino, Alí Laarayedh, ha subrayado la necesidad de completar la creación del Gobierno y la redacción de la Constitución, así como la estructuración del organismo que supervisará las próximas elecciones, antes del 14 de enero, fecha de celebración del tercer aniversario de la revolución que terminó con la salida del poder del expresidente Zine el Abidine ben Alí.
Laarayedh será sustituido en los próximos días por Mehdi Jomaa, quien fue elegido el 15 de diciembre como nuevo primer ministro del Gobierno interino en el marco del diálogo nacional abierto en medio de la crisis política que sacude el país desde hace meses.
Así, Jomaa, ingeniero aeroespacial de formación, será el encargado de dirigir un gobierno tecnócrata que gestionará el país hasta la celebración de las próximas elecciones. A finales de diciembre, el presidente interino, Moncef Marzuki, abogó por su celebración antes de verano de 2014.
El nombramiento de Jomaa se enmarca en el acuerdo negociado por las fuerzas políticas tunecinas bajo el auspicio del sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) y que incluye la dimisión del actual Gobierno, encabezado por el partido islamista Ennahda cuando se cumplan tres condiciones: nombramiento de un gobierno tecnócrata, conclusión de la nueva constitución del país y convocatoria de elecciones en una fecha concreta.
Túnez, tradicionalmente uno de los países más seculares del mundo musulmán, se enfrenta a su crisis política más profunda desde la revolución que acabó con el régimen de Zine el Abidine ben Ali, en enero de 2011.
El punto de inflexión fue el asesinato del líder opositor Mohamed Brahmi, ocurrido el pasado 25 de julio, cuando dos hombres armados que iban en motocicleta le dispararon a la entrada de su casa, ubicada en la capital tunecina.
El pasado mes de febrero, Chokri Belaid, líder del opositor Movimiento Patriótico Democrático Unificado, fuerza marxista y panárabe que forma parte del Frente Popular, también fue tiroteado hasta la muerte en la capital tunecina.
La crisis se agravó el pasado mes de agosto, cuando el presidente de la ANC, Mostafá ben Jaafar, decidió suspender de forma indefinida los trabajos del organismo hasta que el Gobierno y la oposición iniciaran un diálogo para superar la actual crisis política.
La decisión fue controvertida, ya que varios parlamentarios y expertos legales argumentaron que no tenía derecho a suspender los trabajos de la ANC, ya que, conforme a su reglamento interno, solo es posible mediante una votación.
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