El Consejo de Gobierno tendrá conocimiento este martes, en su primera reunión de 2014, de un informe del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, sobre 'Situación de la mejora de la regulación sobre las actividades económicas en Andalucía'.
Así consta en el orden del día del Consejo de Gobierno que ya se puede consultar desde la tarde de este lunes en la página web de la Junta de Andalucía, donde también se recoge un informe del mismo consejero sobre el Plan de la Inspección de Trabajo en Andalucía para 2014.
Además del informe de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el orden del día de la reunión de este martes también consta una propuesta de acuerdo por el que se resuelve la aprobacion definitiva de la modificación del Plan General de Ordenacion Urbanística de Alhaurín El Grande (Málaga), relativa a los ambitos UR-3 y UE-42.
Como se recordará, el pasado día 17 de diciembre, la presidenta de la Junta se comprometió durante un balance de los primeros cien días de gobierno a que en el primer trimestre de 2014 esté lista un anteproyecto de ley para reducir las trabas administrativas "injustificadas" a las actividades productivas o la creación de empresas.
Agregó que "en el primer trimestre de 2014 se presentará un proyecto de ley para la mejora de la regulación económica" con dos objetivos esenciales: "eliminar aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, y simplificar los requisitos para la creación de empresas, como puedan ser inscripciones de registros, renovación de autorizaciones, duplicación de trámites, etcétera".
Este anteproyecto de ley se basará en un estudio previo que, según especificó la presidenta, sería presentado "durante el primer Consejo de Gobierno del año" por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Expuso que dicho estudio partiría de la revisión del catálogo de procedimientos administrativos que afectan a las actividades económicas y que aplica la Junta de Andalucía, de forma que se puedan detectar aquellos procedimientos que puedan suponer "trabas injustificadas a las actividades productivas o impidan o retrasen proyectos de inversión".
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