El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha mostrado su oposición a la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial que pretende promover el Gobierno a través de la implantación de los nuevos tribunales de instancia provinciales, que supondrían centralizar en las capitales todas las sedes y servicios judiciales y, por tanto, la eliminación de la totalidad de los 85 partidos judiciales actualmente existentes en la comunidad.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Emilio de Llera ha advertido de que esta pretensión por parte del Ejecutivo Central "provocaría un grave alejamiento" de los ciudadanos de un servicio público "esencial" como es la justicia.
Hay que recordar que, en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Madrid con la participación de representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias de Justicia, el Gobierno del Estado planteó su propuesta para implantar en un futuro los tribunales de instancia con un ámbito competencial de circunscripción provincial.
En concreto, sólo se mantendrían circunscripciones provinciales y con sedes únicamente en las capitales a través de los nuevos tribunales, todo ello a pesar de que el comité de expertos había elevado al Ministerio del ramo una propuesta que apuntaba a una reducción de partidos judiciales en Andalucía inferior a la que ahora plantea el Estado con este nuevo modelo.
Según De Llera, "no se puede romper la necesaria proximidad" de este servicio público "y condenar a sus usuarios a tener que realizar desplazamientos largos y costosos que vulnerarían el principio de igualdad en el acceso a la Justicia y la cohesión social y territorial", pues, a su juicio, los ciudadanos "no acuden por gusto a este servicio, sino que recurren a él por la necesidad de defender sus derechos o la legalidad o bien les reclaman a la fuerza por haberlos vulnerado".
El consejero considera que, al igual que la educación o la sanidad, la Justicia "ha de mantener sus servicios y sedes en lugares que estén razonablemente próximos" a la ciudadanía a la que presta servicio. Por tanto, como ocurre con colegios, centros de salud u hospitales comarcales próximos a la ciudadanía, "no podemos obligar a un ciudadano a recorrer grandes distancias por acudir a la justicia, porque estamos hablando de un servicio público también de primer orden".
APOYO A LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA, PERO NO PROVINCIALES
El titular andaluz de Justicia e Interior ha mostrado su apoyo a la creación de estos tribunales de instancia, que considera "necesarios" para avanzar en la mejora de la Administración de Justicia, pero ha rechazado el modelo propuesto por el Ministerio, ya que no comparte que sean de carácter provincial, "cuando lo más adecuado es que se correspondan con las cabeceras de partidos judiciales que se constituyan en cada circunscripción judicial".
El consejero rechaza también la propuesta del Ministerio por el impacto que tendría en las infraestructuras judiciales, una competencia del Gobierno andaluz, ya que tendría consecuencias sobre el actual mapa de sedes judiciales de la provincia y sobre la inversiones, proyectos y mejoras realizadas por la Junta en esas dependencias, afectando directamente a la planificación que en esta materia viene realizando la Junta.
No obstante, el consejero se ha mostrado partidario de adaptar el actual modelo de organización judicial a la vigente realidad social, económica y demográfica para lograr una "mayor eficiencia" de la Administración de Justicia, pero todo ello "sin menoscabo de la necesaria proximidad y cercanía a la ciudadanía que este servicio debe mantener".
EXIGE AL GOBIERNO "MÁS DIÁLOGO"
De Llera ha reclamado al Gobierno estatal más interlocución para esta y otras reformas legislativas que está planteando, "ya que afectan al funcionamiento y la gestión" de la Administración de Justicia en territorios, como Andalucía, en los que los gobiernos autonómicos tienen competencias y responsabilidades compartidas en esta materia.
De Llera ha exigido también al Ministerio "más diálogo" para otras iniciativas y proyectos que está impulsando y en cuya elaboración "deben ser escuchadas" todas las comunidades autónomas y debe ser igualmente tenidas en cuenta sus propuestas, rechazando los proyectos que viene implantando hasta ahora, como así ha ocurrido con las tasas judiciales, la reforma del Código Penal o la más reciente ley del aborto.
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