El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia, a instancias de la Fiscalía, para poner en conocimiento del Gobierno la "falta de colaboración de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América" en relación con la localización de una sargento presuntamente implicada en la causa en la que se investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso en 2003.
El escrito es consecuencia de la petición realizada por la Fiscalía después de que la acusación particular en esta causa solicitara a principios del pasado mes de diciembre al titular del Juzgado Central de Instrucción número uno que imputara por un delito de encubrimiento a las autoridades estadounidenses, que ignoran desde hace dos años y medio las peticiones que le realiza la Audiencia Nacional.
En su escrito, remitido con fecha de hoy a la subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, se reproducen los argumentos de la Fiscalía y se pone en conocimiento del Gobierno dicho incumplimiento "a los efectos oportunos y en orden a garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales".
A tal fin, según recuerda el juez al Ministerio "podrán tomar vista de la presente causa y solicitar en su caso los testimonios oportunos". Según el juez, los EE.UU. incumplen con su inactividad las disposiciones previstas en el tratado bilateral de de extradición firmado y reformado por ambos países.
Paralelamente, en un auto en el que da respuesta a las peticiones de la familia de Couso, que ejerce la acusación particular, el juez Pedraz también coincide con la Fiscalía al señalar que el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como competentes de la Audiencia Nacional. "De ahí, pues, que no puede darse lugar a incoar diligencias por el delito denunciado".
NO COMPETE REGULAR RECIPROCIDAD
Sobre la condición de reciprocidad en las relaciones de extradición con EE.UU. y el Reino de España, señala que no compete a los órganos judiciales la limitación o regulación de este principio si no sólo el examen de la concurrencia o no de lo establecido en los tratados internacionales.
Esto es porque los tribunales "sólo se atienen a razones o principios de derecho, correspondiendo la apreciación de la reciprocidad o no a las autoridades administrativas y/o políticas encargadas de la aprobación definitiva de la extradición".
Concretamente, la acusación había pedido a Pedraz que imputara por un delito de encubrimiento a las autoridades de Estados Unidos, que ignoran desde hace dos años y medio la petición de localización de una sargento que supuestamente espió a los periodistas que cubrían la toma de Bagdad (Irak) por parte del Ejército norteamericano.
Pedraz cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 en la que solicitaba la filiación y el domicilio de la sargento Adrienne Kinne, a fin de poder tomarle declaración como testigo en el procedimiento en el que se investiga la muerte del gallego Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad.
Kinne aseguró en el programa de televisión 'Democracy Now', dirigido por la periodista Amy Goodman, a la que el juez también quería interrogar, que sabía que el hotel 'Palestina' era objetivo potencial por parte del Ejército norteamericano.
En la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden del Tribunal Supremo, se encuentran procesados y bajo orden de busca y captura el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional en concurso con un homicidio.
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