El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, considera que la institución que encabeza "no puede ser el lugar donde se investigue a la UGT-A" y que intentar que sea en la sede de la Cámara autonómica donde se dilucide qué ha pasado en este caso de supuesto uso fraudulento de fondos públicos "es algo absolutamente inadecuado desde el punto de vista parlamentario".
De este modo se ha manifestado, en una entrevista con Europa Press, acerca de la posibilidad de que algún partido pueda solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento como la que tuvo lugar durante el verano de 2010 sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, algo que, no obstante, aún no ha ocurrido en relación con la causa abierta contra UGT-A.
Gracia ha recordado que la Cámara andaluza "es donde se puede investigar la acción del Gobierno y las responsabilidades políticas, en su caso, de dicho Gobierno, pero no a una organización ajena al Parlamento como en este caso".
Sobre todo, según ha alertado, porque "si entramos por ese camino, al final, cualquier entidad que haya recibido financiación de la Junta de Andalucía y que haya podido hacer un mal uso del dinero público o una mala justificación del uso de ese dinero, podría ser objeto de investigación por parte del Parlamento y eso no tiene ningún sentido".
"El Parlamento está para investigar la acción del Gobierno y las responsabilidades políticas en lo que tenga que ver con el Gobierno", ha reiterado para rechazar la posibilidad de que algún grupo parlamentario pueda solicitar dicha comisión de investigación, algo que no compartiría.
De hecho, en su opinión, en estos momentos no ve "la necesidad" de que esto se plantee siquiera porque "es un tema que, de un lado, está investigándose en el ámbito judicial, y de otro, en el ámbito parlamentario, el Gobierno ha comparecido a petición propia sobre cómo está llevándose la investigación sobre esa materia".
Por ello, el presidente del Parlamento cree que "hasta que no haya un mínimo de resultado de esa investigación del Gobierno", plantear algo como una comisión de investigación sobre UGT-A no es razonable. En cualquier caso, Gracia insiste en que su "opinión personal" es que, en esta materia, "el Parlamento no puede ser el lugar donde se investigue a la UGT-A". "Es que eso es algo absolutamente inadecuado desde el punto de vista parlamentario", remacha.
DESLINDAR RESPONSABILIDAD JUDICIAL Y POLÍTICA
Cuestionado sobre si teme que con este tipo de peticiones se pueda judicializar la vida parlamentaria, ha puntualizado que esto no "viene dado tanto por el hecho de que haya o no comisiones de investigación o porque se pidan muchas como por el uso que se le dé a las mismas".
Según Gracia, la experiencia de la comisión de investigación sobre los ERE puso de manifiesto que, en ocasiones, "no era fácil distinguir lo que era la exigencia de responsabilidades políticas con otras que no se pueden dilucidar aquí (en el Parlamento) sino en otras sedes", de ahí que haya países, por ejemplo, que no realicen comisiones parlamentarias de investigación mientras una materia está 'sub júdice'.
"Yo no digo ni que sí ni que no a esto último pero, desde luego, si se quiere que el Parlamento cumpla su función también de control en cuanto a la investigación de materias que sean susceptibles de ella, hay que deslindar muy claramente la tarea de investigación de un Parlamento con la que son objeto de investigación judicial", reflexiona.
De lo contrario, en opinión de Gracia, las comisiones de investigación "no van a ser útiles" a los ciudadanos, que es el fin de este tipo de iniciativas parlamentarias y "no utilizarlas para meterle el dedo en el ojo al adversario político".
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