El Partido Popular quiere que la Junta de Andalucía adopte medidas para garantizar a los adquirientes las 583 viviendas de la promoción de VPO Isbylia en Sevilla Este que impulsó la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y que se encuentran pendientes de ejecución y entrega.
Así lo solicita la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, Alicia Martínez, en una pregunta oral para su debate en comisión dirigida a la titular de este departamento, Elena Cortés (IULV-CA), y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martínez solicita en concreto a Cortés que detalle "qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda para garantizar a los adquirientes de las VPO promovidas por la CEA en el barrio de Sevilla Este y hoy en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)".
El Gobierno andaluz ya adelantó a finales de noviembre, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que requerirá el reintegro de la subvención de 1,7 millones de euros concedida a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para dicha promoción de VPO "si efectivamente las viviendas de esa promoción no salen adelante, no se concluyen y se entregan a los afectados por este parón en la obra".
El todavía presidente de la CEA, Santiago Herrero, lamentó el pasado jueves, en su informe ante la Junta Directiva ante la que comunicó su decisión de no aspirar a la reelección, que "cuando parecía que todo el proyecto estaba finalmente encauzado para su terminación definitiva, la Sareb haya frenado cualquier solución, instando su judicialización, y abriendo un interesado debate en los medios" con el fin de "alterar el buen nombre de la asociación empresarial".
Herrero explicó que el asesoramiento jurídico de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, "entidad jurídica, institucional y económicamente distinta de la CEA, con órganos de gobierno y fines estatutarios totalmente diferenciados", considera "improcedente" el concurso necesario y alerta del "grave perjuicio" que puede acarrear a los adquirientes, que "verán aún retrasado el acceso a sus pisos, y a los industriales proveedores".
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