El coordinador de Economía y Empleo y el secretario general del grupo parlamentario del Partido Popular andaluz, Rafael Carmona y Rafael Salas respectivamente, han señalado este lunes que la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, a la que consideran "piedra angular de las arbitrariedades" cometidas por la Administración autonómica a la hora de conceder ayudas y subvenciones con dinero público, otorgó entre 2008 y 2012 avales por un importe total que asciende a 210 millones de euros pese a las "irregularidades" detectadas por la Intervención General en la concesión de las mismas desde 2009.
En rueda de prensa, ambos dirigentes han explicado que existe un informe de la Intervención General de 2009 en el que ya se advertía de que "se dieron avales sin autorización del Consejo Rector" de IDEA cuando éstos superaban los 450.000 euros -tal y como establece la normativa autonómica-- y también "sin la ratificación del Gobierno andaluz" cuando superaban el 1.200.000 millones.
Pero lo "más grave", a su juicio, es que IDEA concedió avales hasta "superando los límites establecidos en la Ley de Presupuestos", que era de 18 millones de euros, llegando incluso a concederlos por valor de "71 millones", en algunos casos, a empresas que "no estaban al día en sus obligaciones ni con la Seguridad Social ni con Hacienda".
Salas ha indicado que estamos "ante un nuevo escándalo de magnitud extraordinaria" en el que vuelve a ser protagonista la agencia IDEA y la "administración paralela" de la Junta y en el que, de nuevo, "priman los intereses del PSOE-A y las órdenes políticas del régimen socialista por encima de los aspectos técnicos y de solvencia" en la concesión de la ayudas, razón por la que ha exigido explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha invitado a "dejar de mentir" a los andaluces diciendo que va a ser "implacable" contra la corrupción.
El 'popular' ha insistido en que el informe de la Intervención General es "demoledor" en tanto en cuanto pone en evidencia, por un lado, que en 2010 el Consejo Rector de IDEA presidido entonces por el exconsejero de Economía Antonio Ávila "validó esas irregularidades" detectadas un año antes por el órgano fiscalizador; y, por otro, que el Consejo de Gobierno, "con Griñán a la cabeza", también dio "el visto bueno" a los 55 millones de euros que, entre 2008 y 2009, otorgó IDEA en avales.
AVALES Y 'FONDO DE REPTILES'
Según Salas, por tanto, el Consejo del Gobierno andaluz actuó de "forma negligente pura y dura" al otorgar unos avales con los que la Junta ha "perdido mucho dinero público" no sólo porque fueron destinados a empresas que, en su mayoría, "entraron en concurso de acreedores" después de obtener el aval (70 de 153 beneficiarias) sino porque, además, "muchas de ellas" estaban siendo subvencionadas por otras partidas de la Junta como la 31L, más conocida como 'fondo de reptiles' por el mediático caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Por todo ello, Salas ha señalado que el PSOE-A ha estado utilizando la Junta de Andalucía y sus instrumentos financieros como "maquinaria para ganar elecciones en Andalucía" y ha exigido conocer "cuántos fondos de reptiles más hay" en la comunidad, ya que, a consecuencia de ellos, se están produciendo en la actualidad "quebrantos económicos" importantes según advierte, ha dicho, la propia memoria anual de 2012 de la agencia IDEA, donde se especifica que "el riesgo formalizado asciende a 103 millones de euros". "¡Cuánto dinero otorgado sin ton ni son, para proyectos inviables y que ahora provocan pérdidas incuantificables para las arcas públicas!", se ha lamentado el 'popular'.
Su compañero Rafael Carmona también ha insistido en que en los últimos años "el régimen socialista ha incumplido todas las normas que existen" en materia de subvenciones y ayudas públicas y que, a consecuencia de ello, se han estado repartiendo fondos públicos con "discrecionalidad" tanto en su aprobación como en su ratificación por parte del Consejo de Gobierno pese a que éste, según ha apostillado, intentó darle siempre "apariencia de legalidad".
"Pero lo que sucedía es que como la Junta no necesitaba la fiscalización de la Intervención ni dinero físico, pues se extralimitó y sobrepasó los límites, de 18 a 71 millones de euros, tres veces más", ha recalcado. Ante ello, se ha preguntado "cuál es el respeto que tiene la Junta a la ley de Presupuestos" y ha advertido de que, si los avales hubieran funcionado como debían, ahora Andalucía no tendría un "agujero" de más de 200 millones de euros y podría ser una comunidad a la cabeza del país en creación de empleo y riqueza.
Además, ha tachado de "casualidad" que muchas de las empresas que recibieron estos avales --como A novo, Aglomerados Morello, Insersola, Saldauto o Cortansa--, también fueran beneficiarias del "fondo de reptiles". En algunos casos, como el de A novo, con ayudas "tan sorprendentes" como 1,5 millones en avales y 35,2 millones en subvenciones con cargo al programa 31L. En total, según ha resumido, 68 millones de euros del fondo de reptiles para 16 empresas que también recibieron avales.
Ante ello, ha reclamado a Díaz que "tome medidas" ante este tipo de "irregularidades" en la Junta de Andalucía y que haga una "limpieza" en su "administración paralela". Si se hubiera hecho ya, en opinión de Carmona, "hoy funcionaríamos como una máquina" y la comunidad estaría ya abriéndose paso a la recuperación económica.
LA JUNTA, "OBLIGADA" A PERSONARSE CONTRA UGT-A
En relación con otros presuntos fraudes con fondos públicos, ambos dirigentes han sido cuestionados por los periodistas sobre si confían en que la Junta se persone en el caso de las supuestas facturas falsas de UGT-A, algo que dudan que la Administración autonómica haga pese a que el PP-A, según han señalado, está "convencido de que está obligada a hacerlo" como "decisión política".
Sobre todo, ha querido puntualizar Carmona, después de que el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, haya dicho públicamente que la Junta "no detectó nada porque las facturas estaban bien", lo que a juicio del PP-A significa que está "reconociendo que a la Junta le habían falseado las facturas". "Sólo con eso ya tenía que haber presentado una denuncia como afectado. Ese dato es suficiente para que se persone", ha concluido.
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