El Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este miércoles ante la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento el informe de la gestión realizada en 2012, en el que se profundiza en el efecto de los desahucios en los menores, y advierte de que la pérdida de la vivienda está provocando "un agravamiento de conducta en el caso de los niños, que no entienden que sus padres no puedan mantener dicha vivienda". "El desahucio estigmatiza, y en ellos macera una generación con gran resentimiento social", destaca.
Durante su intervención, ha informado de que se han tramitado un total de 1.213 quejas de las cuales 74 fueron promovidas de oficio por la Defensoría, con quejas, entre otras, sobre conflictos familiares, sobre todo las relativas a litigios por rupturas de la pareja (100) así como las denuncias sobre situaciones de riesgo de los menores (60) y el maltrato infantil (20). Igualmente, señala que el mayor volumen proviene de las provincias de Sevilla y Málaga, con un total de 259 y 127 respectivamente. Les siguen las provincias de Cádiz con 132; Granada con 65; y Córdoba con 56. Por su parte, fueron Huelva con 39, Almería con 36 y Jaén con 34, desde donde se remitieron menor número de reclamaciones.
Asimismo, Maeztu se ha referido al 'Teléfono del Menor', que durante 2012 atendió un total de 894 consultas, lo que supone "un aumento de más del 20 por ciento en relación al ejercicio anterior". "Quienes utilizaron este Servicio responden al siguiente perfil: persona adulta, de edad comprendida entre 30 y 45 años, género femenino, emparentada con el menor en primera línea de consanguinidad, procedentes de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, principalmente", ha añadido el Defensor.
Maeztu ha señalado también que el mayor impacto "negativo" de la actual crisis económica "se ha producido en hogares con menores de edad", al tiempo que indica que "hay más niños pobres y estos son más pobres". Según los últimos datos del Observatorio de la Infancia en Andalucía, más de una cuarta parte de las personas menores de 18 años de Andalucía y de España se encuentra en riesgo de pobreza, siendo las tasas de pobreza relativa más elevadas en la población infantil y adolescente que en el conjunto de la población, y también superiores en hogares con hijos que en hogares sin ellos.
A pesar de que la pobreza infantil es uno de los principales retos a los que se enfrentan los poderes públicos, Andalucía sigue sin contar con un instrumento que, de forma separada o integrado en un nuevo Plan Integral de la Infancia, constituya un marco de referencia en el cual se identifiquen las acciones prioritarias para luchar contra la exclusión que sufre este sector especialmente vulnerable. "Con independencia de las cifras, no hay que olvidar que detrás de cada queja hay un problema social, de indefensión y vulneración de los derechos de los niños; detrás hay un rostro de un niño con unos derechos y que transversalmente sufre las consecuencias de todas las políticas", añade.
La Memoria, bajo el título 'El impacto de los desahucios en las personas menores de edad. La otra cara del drama', aborda los efectos que los procedimientos de desahucios tienen en niños y adolescentes así como las respuestas que están proporcionando las Administraciones públicas andaluzas. Además ofrece algunas reflexiones y consideraciones que pueden contribuir a mejorar los niveles de protección del derecho constitucional a la vivienda a las familias con personas menores de edad a cargo.
En este sentido, Maeztu advierte de que el tema de la vivienda está provocando "un agravamiento de conducta en el caso de los niños, que no entienden que sus padres no puedan mantener esa vivienda", toda vez que alerta de que los expertos apuntan que los niños viven con "rabia, tristeza, ansiedad y rotunda sensación de derrota" la pérdida de la vivienda. "El desahucio estigmatiza, y en ellos macera una generación con gran resentimiento social", porque "atenta contra un pilar básico del ser humano, y no sabemos cómo explicar a un niño que sufre un actuación de desahucio". "La administración no tiene aún una respuesta efectiva ante la factura psicológica que supone un desahucio", agrega.
Igualmente, este informe pone el acento sobre la salud mental infantil y juvenil, y analiza, entre otras cuestiones, los principales déficits en la atención a la salud mental infantil y juvenil en Andalucía, y se detiene en los retos y desafíos a los que se han de enfrentar las Administraciones andaluzas para garantizar los derechos que las distintas normas reconocen a quienes se encuentran afectados por estas patologías. Sobre esto, Maeztu destaca la "importancia de la participación de las familias, porque si no el menor termina aislado en un centro tutelado".
Por último, se ha referido al tema de la trata y explotación de menores que utiliza Andalucía como pasillo hacia Europa, y ha indicado la existencia de "una hoja de ruta", para "Fiscalía de Menores, Policía de Fronteras, Servicios Sociales Comunitarios y el Defensor". Así, señala que "ya hay tres casos de menores en que el mayor se ha ido y el menor se ha queado aquí protegido".
Por su parte, la diputada de IU Alba Doblas ha señalado que este informe "es también una denuncia" porque "tiene que venir seguido de medidas políticas en todos los ámbitos". "Tenemos que reflexionar muchos sobre lo que se está diciendo en el informe para adecuar los recursos legislativos e institucionales a la realidad de cada comunidad y del Estado", señala, toda vez que considera "valiente" la afirmación del Defensor sobre el "impacto" de los desahucios en los menores. Además, y entre otras cuestiones, se ha referido a la "importancia" del papel de las entidades locales, y "espera que la temida reforma local no suponga una reducción que impida el papel de los ayuntamientos".
La diputada socialista Soledad Pérez ha destacado al Defensor como "un termómetro y motor de cambio e impulso" que su grupo político comparte. Además, dice que comparten con Maeztu su "preocupación" por algunos temas como el de salud mental en menores, un problema "detectado y en ascenso", pero ante el que "hay que hacer que la vida de estos niños sea más cómoda y más vivible desde el punto de vista de derechos y atención". También aboga por un cuarto Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y Adolescencia, porque Andalucía "no puede estar sola y aislada en la lucha contra pobreza, el maltrato infantil y atención a la infancia, pero no vamos a esperar a nadie y vamos a seguir trabajando".
"EL INFORME DEJA EN EVIDENCIA QUE NO HAY SUFICIENTES RECURSOS"
Por último, la diputada popular Rosario Soto ha felicitado a la Institución por su trabajo, pero subraya que el informe "deja en evidencia que no ha suficientes recursos y que en Andalucía, lamentablemente, esos recursos se están recortando en estos años". Además, insta a hacer un ejercicio de "no demagogia" en estos temas, y dice que "no se puede culpabilizar a los gobiernos central y local de una competencia propia de la comunidad". "Todos conocemos el duro diagnóstico de miles de familias y miles de niños en Andalucía", así que "es importante que todo hagamos una reflexión, porque las políticas le afectan directamente a las personas más vulnerables, dirija quien dirija dichas políticas", afirma, toda vez que asegura que el programa de atención a la infancia "se ha reducido en dos años por parte del Gobierno bipartito en 60 millones de euros".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
