La empresa pública Giahsa ha presentado este lunes una denuncia ante la Guardia Civil después de que el alcalde de Gibraleón, José Ramón Gómez Cueli (PP), junto a agentes de la Policía Local, "haya obligado a los trabajadores a desalojar las instalaciones del ciclo integral del agua en el municipio". Tanto la Mancomunidad de Servicios (MAS) como su empresa de gestión, consideran que este acto es "completamente ilegal", puesto que el Ayuntamiento de Gibraleón "no ha cumplido ninguno de los requisitos establecidos para la separación voluntaria de un municipio mancomunado".
Según ha informado Giahsa en una nota, tal y como habían puesto en conocimiento de los tribunales el pasado jueves desde Giahsa sobre la base de los antecedentes acaecidos en otras poblaciones, el Ayuntamiento de Gibraleón ha llevado a cabo "la ocupación por la fuerza de las instalaciones del servicio de aguas que Giahsa presta en el municipio, y ha entregado su control a la empresa Aqualia, a la que ha adjudicado dicho servicio mediante un decreto del alcalde".
Han indicado que, si bien en un primer momento se personaron en las instalaciones "únicamente el alcalde y varios concejales del gobierno olontense junto a personal de Aqualia, tras la negativa de los trabajadores a abandonar su puesto de trabajo de forma voluntaria, fueron posteriormente obligados por agentes de la Policía Local". Estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, dejando claro que "si Giahsa ya no presta servicio en el municipio lo hace bajo coacción, y no por propia voluntad".
Ante "la falta de una respuesta adecuada" al recurso contencioso-administrativo presentado el 16 de julio por el que se solicitaba al Juzgado la paralización cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Gibraleón de separarse unilateralmente de la MAS y del servicio de Giahsa, "el cambio de empresa se lleva a cabo por la vía de los hechos".
Así, los servicios jurídicos abordan desde ahora el proceso tendente a establecer las responsabilidades en que puedan haber incurrido tanto las instituciones como las personas que hayan participado en la toma de decisiones, lo que "previsiblemente conducirá a que se establezcan las indemnizaciones contempladas en el ordenamiento para estos casos".
Se pretende con ello "resarcir por los perjuicios que los incumplimientos del Ayuntamiento olontense suponen para los vecinos del resto de los municipios mancomunados". No se descartan tampoco otras acciones ante los tribunales en función de la actuación que hayan tenido las personas que han participado en las decisiones y acuerdos "ilegales ejecutados por el Ayuntamiento de Gibraleón con el único fin de incumplir sus obligaciones con la Mancomunidad de Servicios".
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