La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado por mayoría la inmediata puesta en libertad de Miguel Ricart, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser, al estimar que se han cumplido las penas impuestas.
El tribunal valenciano ha desestimado así los escritos presentados por la Abogacía del Estado, la Asociación Clara Campoamor --acusación 'popular'-- y dos acusaciones particulares --padres de dos de las víctimas--, en los que se oponían a la excarcelación y pedían el mantenimiento de la 'doctrina Parot', según consta en la providencia, contra la que cabe interponer recurso de súplica en el plazo de tres días. En la decisión adoptada ha habido un voto particular.
La Sala se había reunido este viernes en pleno --con la totalidad de los magistrados que la integran y no solo los tres que inicialmente iban a formar el tribunal-- para deliberar sobre la puesta en libertad de Ricart, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la que se anula la 'doctrina Parot'.
La deliberación ha comenzado a las 11.30 horas, y pasadas las 14 horas se ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la decisión adoptada, que acordaba la inmediata puesta en libertad del reo, quien actualmente se encuentra en la prisión manchega de Herrera de La Mancha y que podría salir en cualquier momento.
Miguel Ricart --quien ha pasado 21 años en la cárcel-- tendría que haber salido de prisión en 2011, pero un año antes se le decidió aplicar la 'doctrina Parot', con la que se le alargó su permanencia entre rejas hasta 2023, es decir, cuando hubiera cumplido la máxima pena que contemplaba la ley, de 30 años.
El pasado mes, con la desactivación de la 'doctrina Parot', la Audiencia de Valencia abrió el proceso para deliberar sobre la posible excarcelación, e inicialmente se dirigió al letrado de Ricart para que manifestara si había pedido ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la ejecución de la condena de su representado.
Asimismo, solicitó a la cárcel de Herrera de La Mancha, donde Ricart cumple condena, que informara sobre los procedimientos seguidos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y las resoluciones dictadas por este órgano para el abono de las redenciones ordinarias y extraordinarias efectuadas al reo y que figuraban en la hoja de cálculo de fecha de extinción de la condena.
ESCRITOS DE LAS PARTES
Seguidamente, el tribunal valenciano se dirigió a las partes del procedimiento --Fiscalía, acusaciones particulares, acusación popular, defensa y más tarde Abogacía del Estado-- para que presentaran sus respectivos escritos sobre el caso.
Entre ellos, el letrado de Ricart solicitó su excarcelamiento en base a la sentencia del TEDH. El ministerio fiscal, en su escrito, no se opuso a la puesta en libertad del reo en aplicación a la sentencia europea sobre la conocida 'doctrina Parot'. También consideraba correcta la liquidación de la condena que se aplicó sobre Ricart.
Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, acusación popular en el proceso, sí se oponía a la excarcelación de 'El Rubio' y en su escrito solicitaba al tribunal valenciano que requiera a la prisión manchega más información sobre la liquidación de la condena, con el objetivo de poder alargar al máximo la estancia de Ricart en la cárcel. Asimismo, la Abogacía del Estado se opuso a la libertad Miguel Ricart y alegó que la sentencia dictada sobre la etarra Inés del Río no era extrapolable a todos los casos.
Ricart fue la única persona condenada por el asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados en el paraje de La Romana el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces.
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