La Fiscalía de Medio Ambiente ha modificado sus conclusiones y ha rebajado la pena de prisión que solicitaba para los agentes de Medio Ambiente y los empresarios del entorno de Doñana acusados de cohecho e incluso ha retirado la contra uno de estos últimos.
Según ha expuesto hoy durante la vista que se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, la retirada de la acusación contra M.A.D.R. obedece a que "no existe prueba de cargo contra él".
Al resto de acusados les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas para todos los delitos, lo que se traduce en una rebaja de la petición de condena, principalmente en lo que se refiere a cárcel.
En este sentido, para R.P., coordinador de la unidad a la que pertenecían los agentes y para otro de ellos, a los que considera los principales beneficiarios de los "favores" por parte de los empresarios a cambio de no denunciar actuaciones irregulares en el entorno de Doñana, solicita ahora dos años de prisión en vez de tres por un delito de cohecho.
Por lo que respecta a los cinco empresarios acusados, para todos, salvo para L.G.R., la petición se rebaja de tres a un año de cárcel, también por un delito de cohecho, al considerar que no eran los que llevaban la iniciativa de esos presuntos sobornos, sino que atendían a lo que les requerían los agentes.
La Junta de Andalucía se ha adherido a la petición de la Fiscalía mientras que las defensas han solicitado la absolución de sus clientes por falta de pruebas.
Los hechos por los que están siendo juzgadas estas personas se produjeron entre los años 2005 y 2007 en zonas afectadas por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).
Según relata el fiscal, a los cuatro agentes que, con distintas categorías, prestaban sus servicios en la zona de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), se les encomendó la revisión de los límites y extensión de las "fincas de canon" de su zona por parte de la Junta de Andalucía.
En ese momento, se concertaron entre sí para obtener beneficios de toda índole y solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas de la zona para no denunciar los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos.
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