Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.
Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.
Empujado
Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:
1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.
2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó (tampoco él habría querido) en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de en la primera vez. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.
3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro para la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.
4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.
Perversión política
Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.
Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.
Contradicciones
En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar Las Turquillas, en Osuna, en julio de 2012.
Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.
Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia cien imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.
Un precedente
¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.
El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.
El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del Partido Popular.
El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el expresidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo, hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.
Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpables.
Condena previa
Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.
Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.
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