Zoido accedió a la Alcaldía con la promesa de transparencia en los asuntos públicos frente al oscurantismo de Monteseirín, una promesa resumida en el lema ‘luces y taquígrafos’, pero al cabo de dos años y medio de mandato ha mantenido prácticamente las cortapisas de la era anterior y les ha añadido otras nuevas. Por primera vez se entregan a la oposición documentos con marcas de agua para seguirles la pista en caso de fotocopias o evitar que se hagan, se exige la firma de cláusulas de confidencialidad y se piden informes al secretario para tratar de eludir el deber de entrega de expedientes a PSOE e IU.
El 14 de junio de 2011, primer día en que acudió al despacho del Ayuntamiento ya como alcalde tras su toma de posesión, Zoido anunció la derogación de la denominada ‘circular Torrijos’, dictada por el exprimer teniente de alcalde el 21 de noviembre de 2007 para, con la excusa de resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, dificultar o impedir el libre acceso de la oposición (entonces sólo el PP) a los expedientes de la Oficina de Actas.
Torrijos impuso un plazo de cinco días para que el equipo de gobierno de la coalición PSOE-IU adoptase la decisión de entregar o no los documentos que solicitara la oposición, con la limitación añadida de que sólo se entregarían copias de los mismos cuando lo autorizara el alcalde de forma expresa.
Según crónicas periodísticas que reflejaron aquella etapa en el Consistorio, los concejales del PP se vieron abocados durante los cuatro años en que estuvieron liderados por Zoido en la oposición a tomar notas de puño y letra mientras les mostraban los expedientes, ya que no se les facilitaban copias. Además, el plazo transcurrido desde que se solicitaban hasta que podían ser consultados llegaba a ser de varios meses en muchos de los casos.
El PP no obtuvo éxito alguno en su propuesta de que los funcionarios ocultasen, si así se consideraba, los datos de cualquier persona que pudiera ser aludida en los documentos municipales.
La tesis del PP
El grupo Popular siempre sostuvo que la ‘circular Torrijos’ contravenía el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, en vigor desde 1994. Su artículo 24 recogía claramente entre los derechos de los miembros de la Corporación “tener a su disposición los expedientes, documentos y libros que tengan relación con los asuntos que se discutan en los órganos a que pertenezcan”.
Añadía que “deberán tener a su disposición los expedientes, documentos y libros de la Comisión de Gobierno y Libro de Resoluciones de la Alcaldía. También recibirán, a través de su Portavoz, copia de las actas y debates de los órganos de administración de las empresas municipales y de organismos autónomos”.
El artículo 29 de dicho Reglamento añadía que “todos los concejales tienen derecho a acceder a los datos, informaciones y antecedentes que se encuentren en cualquier servicio municipal, previa petición del portavoz del Grupo respectivo y autorización del alcalde, si considera necesario su conocimiento para el desarrollo de su función.
De la misma manera tendrán acceso a los estudios que la Corporación encargue al exterior. Si el alcalde denegase el acceso a la documentación solicitada, su resolución habrá de ser motivada, y contra su decisión cabrán los recursos pertinentes”.
Y el artículo 31 especificaba que “podrán expedirse copias de los expedientes y documentos a que se refieren los apartados anteriores a los Grupos Municipales que lo soliciten, firmándose para ello los correspondientes recibos”.
Sin derogación
Contrariamente a su anuncio del primer día de despacho oficial, Zoido no ha derogado la ‘circular Torrijos’, sino que se ha limitado a modificarla en algunos de sus extremos y mantiene en la práctica y en esencia los métodos oscurantistas instaurados en la época de Monteseirín mientras sigue alardeando de transparencia y de ‘luces y taquígrafos’.
Así, las carátulas -y sólo las carátulas- con los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno los viernes no le llegan a la oposición hasta mediados de la semana siguiente, pero ello no sirve de nada porque no hay acceso a los documentos, sino sólo a los enunciados ambiguos para despistar que haya redactado el equipo de gobierno.
Por tanto, la única opción que les queda a PSOE e IU es pedir el lunes los expedientes, pero el PP ha impuesto la prohibición de que puedan hacer fotocopias de los mismos, por lo que a los ediles socialistas y de la coalición de izquierdas sólo les queda la opción de tomar notas con bolígrafo y sólo en horario administrativo, de 9 a 14 horas o 14:30. O sea, que Zoido ha acabado haciendo con la oposición lo mismo que en su día hacía Monteseirín, pese a sus promesas de acabar con tal situación.
Entre tantos expedientes y tantos papeles, la oposición tiene cada vez más difícil detectar si existen reparos de la Intervención o la Secretaría Municipales y analizar los pliegos técnicos y las memorias económicas, con lo que si se plantea la posibilidad de recurrir a los tribunales cualquier acuerdo municipal carece de pruebas documentales en que apoyarse.
Por la vía del obstruccionismo administrativo, Zoido procura silenciar todo lo posible a la oposición, y cuando ello no le es suficiente, aplica sin miramientos el rodillo de su mayoría absoluta.
Y en el IMD, marcas de agua a documentos y firma obligatoria
Las cortapisas se han incrementado en las últimas semanas en el seno del Instituto Municipal de Deportes (IMD), a medida que se han multiplicado las fricciones con la oposición por la política de privatizaciones de instalaciones deportivas acordada por el PP. Sólo en este organismo, el gobierno local tiene más de 70 preguntas de la oposición por responder del año en curso.
La delegada de Cultura y Deportes, María del Mar Sánchez Estrella, ha impuesto la firma previa de una especie de cláusula de confidencialidad antes de la entrega de cualquier documento a la oposición y los documentos, cuando se entregan, llevan marcas de agua con el nombre del Grupo Socialista o el de Izquierda Unida para el caso de que les quieran hacer fotocopias o reproducirlos por cualquier vía, o dificultar que lo hagan.
Otra de las iniciativas de la delegada fue pedir recientemente al secretario municipal un informe específico sobre el uso y difusión que pueden hacer los concejales de la documentación a la que han tenido acceso directo como miembros del Consejo de Gobierno del IMD, con particular referencia al supuesto de la aprobación inicial de los expedientes de contratación aún no convocados a licitación pública.
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