La oposición ha votado en contra de la salida a licitación de la gestión, explotación y mantenimiento de los rocódromos de Ifni y San Pablo, mediante procedimiento negociado y sin publicidad, que ayer salía adelante en el consejo del Instituto Municipal de Deportes (IMD). PSOE e IU recelan del mercantilismo que supone la entrada de empresas privadas en la gestión de estas instalaciones.
Poco después de la entrada del Gobierno del PP en el Ayuntamiento, la Federación Andaluza de Montañismo convenió con el IMD la gestión de los dos rocódromos de la ciudad, el de Ifni que hasta ese momento gestionaba el club Elbruz, y el de San Pablo, en el que participan diversos clubes. Según explica Juan Pérez, presidente de Elbruz, la gestión se ha delegado en la práctica a los clubes, aunque deberá ser la Federación la que opte a ese concurso, cuyo canon (de 3.600 por ambos rocódromos) consideran asumible, cuantía que los propios clubes están dispuestos a asumir, como lo han hecho hasta este momento.
Para Pérez, cuyo club se opuso en su momento al cobro de las instalaciones por parte del IMD, el convenio o ahora la concesión administrativa es la única vía que les han dejado para poder seguir dinamizando los rocódromos, aunque tienen claro que existe la posibilidad de que aparezca una empresa o entidad que pueda querer hacerse con esa gestión. “Está en su derecho”, admite.
Pero la posibilidad de que la gestión se quede en manos de una empresa privada con el único objetivo de “mercantilizar” el disfrute de los rocódromos sí que preocupa seriamente a los grupos de la oposición municipal.
Alberto Moriña (PSOE) considera que es un paso más en su estrategia “para desprenderse de cualquier responsabilidad en la gestión del deporte”, recordando que vuelven a darse pasos sin transparencia alguna, frente a su modelo de gestión directa y pública, con convenios y acuerdos con empresas privadas y entidadades deportivas.
“Nos parece increíble que ni estas infraestructuras se vayan a salvar de la brutal ofensiva desatada por el IMD para entregar al sector privado hasta la última de las instalaciones deportivas sevillanas”, lamentaba Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que ve una prueba en el procedimiento negociado sin publicidad.
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