La patronal estima que la implantación del impuesto de grandes superficies comerciales "podría suponer la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo" además de "un incremento del precio de los productos de en torno al 0,5 por ciento" y una pérdida de inversiones de en torno al diez por ciento.
En una nota, la CEA considera que la implantación del impuesto, promovida por IU, con el que pretende gravar el comercio de las grandes superficies en Andalucia, "tendría unas graves consecuencias para el empleo en el sector, compromete la continuidad y permanencia en la comunidad andaluza de grupos empresariales, pone en peligro la llegada de futuras e importantes inversiones y deprimirá aún más el consumo".
Asimismo, este nuevo impuesto se enmarca en el contexto de una de las comunidades autónomas que "más han desarrollado su capacidad fiscal, ha creado más impuestos y ha aplicado recargos en impuestos estatales".
La CEA estima, según datos del sector, que la implantación del citado impuesto "podría suponer la pérdida de unos 1.000 puestos de trabajo, sobre los 35.000 empleos que posee la gran distribución comercial actualmente en Andalucía, de los que ocho de cada diez son indefinidos y a tiempo completo y el 70 por ciento se corresponde con mujeres".
El sector destaca que, "a pesar del drástico descenso del consumo, las empresas que operan en el mismo no han acometido aún ningún ajuste colectivo de empleo".
Además, la CEA advierte también de que esta nueva imposición fiscal "podría conllevar un incremento del precio de los productos de en torno al 0,5 por ciento, lo que supondría casi dos décimas en el IPC (0,18 puntos), frenando el inicio de la reactivación del consumo que se ha detectado en las últimas fechas".
Asimismo, apunta que la instauración del impuesto "conllevaría un descenso del diez por ciento en las inversiones de la gran distribución comercial en Andalucía, descenso que rondaría los 30 millones de euros al año".
La CEA indica que los resultados empresariales del comercio minorista en España "han acumulado un descenso de casi el 50 por ciento en los últimos años y, en concreto, la gran distribución comercial ha sido el formato más afectado por la crisis, encontrándose en una situación límite, por lo que dicho impuesto puede suponer igualmente el cierre de muchos grandes establecimientos comerciales y la huida de potenciales inversores".
La Confederación hace hincapié en el hecho de que "muchas grandes superficies son empresas tractoras en determinados territorios y ubicaciones, y, por ello, favorecen también el desarrollo del comercio local; que, igualmente, está padeciendo la reducción del consumo y ve peligrar su viabilidad".
Además, considera que el impuesto "resulta un agravio comparativo y discriminatorio de unos formatos con respecto a otros, falto de equidad e injusto, dado que se alega una supuesta naturaleza medio ambiental y territorial que no se corresponden con la actividad comercial en sí, sino con la actuación de los ciudadanos y la sociedad en general".
AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL
Por otra parte, la CEA recuerda que durante la crisis se ha incrementado la presión fiscal de empresas y hogares "hasta llegar a niveles perjudiciales para la recuperación de la actividad productiva y del consumo".
De esta forma, apunta que en los cinco años de crisis "todas las administraciones (estatal, autonómica y municipal) han acometido subidas de impuestos existentes y han creado otros nuevos justificándolos en el objetivo irrenunciable de la reducción del déficit y la consolidación fiscal".
Añade que, en paralelo, el Estado ha acometido varias reformas fiscales creando nuevos impuestos (depósitos bancarios, electricidad), subiendo otros (IVA, IRPF) y reduciendo las posibilidades de deducción de los contribuyentes, sobre todo en el Impuesto de Sociedades.
Para la CEA, esta "vorágine" fiscal "ha tenido un efecto contrario al que se perseguía porque se están recaudando menos que antes de las reformas".
La CEA entiende que los objetivos de déficit y consolidación fiscal "son absolutamente imprescindibles". No obstante, alerta de que estos objetivos "deben perseguirse no sólo por el lado de los ingresos sino, lo que es más importante, para la sostenibilidad de la recuperación económica, por el de la reducción del gasto público y la necesaria reestructuración de las administraciones públicas, y ahí es donde queda mucho camino por recorrer, y es una de las grandes reformas que todavía tiene pendiente nuestro país".
Considera que el mensaje que dio la presidenta de la Junta de Andalucía en el discurso de investidura de 'no subir la presión fiscal' "es positivo", aunque cree que ese mensaje "tiene que aplicarse para todos los ciudadanos y las empresas, no sólo a una parte".
"No vale mantener la presión fiscal bajando los impuestos a unos y subiéndoselos a otros, porque en esta ecuación las empresas tienen muchas probabilidades de salir perjudicadas", agrega la CEA, que considera que la progresividad "es un principio ya aplicado en el régimen tributario, tanto estatal como andaluz, suficientemente desarrollado".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
