La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha advertido este miércoles al Gobierno central de que si denegara la comisión bilateral con la que se pretenden dirimir posibles discrepancias sobre la ley andaluza de función social de la vivienda "estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía", pues se está negando un cauce "institucional y democrático de diálogo".
A preguntas de los periodistas tras firmar con la Universidad de Granada ocho proyectos de investigación financiados por la Junta, Cortés ha dicho que, "lamentablemente" su departamento no tiene ninguna información del Gobierno respecto a su petición de que se mantenga la citada comisión bilateral.
En este sentido, ha subrayado que se trata de un órgano reconocido por el Estatuto de Autonomía y la Ley del Tribunal Constitucional para que las administraciones, especialmente la central y las autonómicas, diriman posibles cuestiones de competencias que se puedan establecer en el marco del trabajo legislativo de las comunidades.
Así, ha recordado que su departamento ha exigido el mantenimiento de esta comisión bilateral para poder abordar las discrepancias que el Gobierno pueda tener con la ley de función social de la vivienda y que se "apure el diálogo" antes de ir "a los tribunales", toda vez que se trata del "derecho humano a la vivienda y al cumplimiento de la Constitución", ha añadido.
En este contexto, ha advertido de que si el Estado denegara esa comisión bilateral "podríamos plantear que el Gobierno central, que el PP, estaría de facto planteando un estado de excepción en Andalucía, pues es negarle un cauce institucional, democrático, de diálogo" que "permite dirimir las distintas cuestiones de competencias", ha clamado la consejera.
También ha recordado que en un año de funcionamiento de la Oficina Andaluza en Defensa del Derecho a la Vivienda se han paralizado en el conjunto de la comunidad más de 3.200 desahucios, rompiendo la Junta de Andalucía de este modo la "neutralidad como Gobierno y poniéndose del lado de las familias", intermediando con las entidades financieras para que las que tenían "riesgo serio" de perder sus viviendas se mantuvieran en ellas.
Por todo ello, ha defendido lo "útil" de esta normativa y de las citadas oficinas, aunque ha matizado que el problema que padecen ahora las familias es que tienen una "deuda perpetua con el banco, lo que, en algunos casos, las condena a situaciones de exclusión social absolutamente intolerables", por lo que ha instado al Gobierno a regular la dación en pago con carácter retroactivo para "hacer justicia" y solucionar esta problemática.
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