La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cree que "se ha intentado encubrir cierta dejación de responsabilidades" por parte del Legislativo en relación con la regularización de las redenciones por trabajo de los presos de ETA y que el problema fundamental de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la 'doctrina Parot' no se encuentra en las interpretaciones contradictorias realizadas por este órgano y nuestro Tribunal Supremo.
En una entrevista concedida a Europa Press, Bravo señala que no debe olvidarse que la Constitución española entró en vigor en 1978 y que "durante muchos años convivió con el Código Penal de 1973 que no venía a ser más que una norma predemocrática".
Incluso después, ha apuntado la vocal, con la promulgación del Código de 1995 no se estableció ningún tipo de mecanismo para evitar que "todos estos terroristas que se encontraban ya cumpliendo penas de prisión no se vieran favorecidos por los mecanismos de reducción de penas por el trabajo".
"Creo que el Parlamento podría haberse planteado hace ya muchos años que este problema en un momento dado aparecería, al final del cumplimiento de las condenas, y podrían haber modificado las mismas", ha manifestado la portavoz.
Preguntada si la decisión de Estrasburgo cuestiona al más alto tribunal de este país, Bravo señala que no cree que la resolución del TEDH deba interpretarse en este sentido.
"El análisis hay que hacerlo en un ámbito estrictamente jurídico desde el máximo respeto a ambas resoluciones", ha indicado la portavoz.
"Estamos ante dos interpretaciones diferentes, pero no podemos olvidar que el tribunal internacional nos vincula por el hecho de que la propia Constitución, en el artículo 96 establece que los convenios internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico", ha añadido. Por lo tanto, la sentencia de Estrasburgo tiene que aplicarse "al margen de que éste sea un momento en el que tengamos que apoyar más que nunca a las víctimas y tengamos que tener más compresión y solidaridad".
Bravo afirma que comprende el rechazo que ha generado esta sentencia "en todas aquellas personas que se han visto afectadas a lo largo de todos estos años por el lastre del terrorismo" y entiende que no vean igual que "tenga que imponerse la misma pena por un delito que por veinte".
"Pero hay que recordar que estamos en un Estado de Derecho y que las reglas del juego que Establece el Estado de Derecho son la sumisión a la ley y a las decisiones de los tribunales", ha insistido.
RENOVACIÓN DEL CGPJ
Sobre la renovación del CGPJ, los miembros ahora en funciones de este órgano confían en que se realice "en un tiempo razonable", según ha manifestado la portavoz, que ha apuntado que únicamente ha transcurrido apenas un mes desde que se encuentran en esta situación.
"Seguimos estando dentro de un tiempo razonable para que se renueve este órgano constitucional, sobre todo si lo comparamos con la tardanza a la que se ha visto sometida la renovación de otras instituciones como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas", según Bravo, que apunta que el acuerdo es cosa de los grupos parlamentarios.
Ha manifestado que "confía", en que los diputados alcancen un acuerdo y éste se base en los méritos, la capacidad y la excelencia de las personas que finalmente se elijan como nueve vocales. "Creo que cuanto más se prime la excelencia y la capacidad de estas personas más se va a reforzar también a la institución", ha afirmado.
NUEVO CONSEJO
Sobre el nuevo Consejo, cuya estructura será la que establece la última reforma, con la existencia de unos pocos vocales de dedicación exclusiva a este órgano, Bravo ha señalado que tiene su "posición personal", sobre el funcionamiento de la institución después de su experiencia a lo largo de los últimos cinco años.
"Creo sinceramente que este órgano podría funcionar con menos vocales, que la reducción del número de vocales es perfectamente compatible con las funciones que la Constitución ha encomendado al órgano de gobierno de los jueces -explica-. Yo hubiera apostado por una reforma constitucional en la que se hubiera reducido a la mitad el número de vocales, porque creo que ahora es un órgano sobredimensionado".
No obstante, a Bravo no le satisface el camino que ha elegido el legislador para reformar el CGPJ, lo que se hizo gracias a la mayoría absoluta del PP.
La forma que ha elegido el legislador la ve la portavoz "compleja y complicada" pues supondrá para muchos vocales compatibilizar sus funciones de juez y de vocal", si bien apunta que el balance y la valoración habrá que realizarla "una vez haya comenzado el nuevo mandato y se ponga en funcionamiento" el nuevo CGPJ
Para Bravo el punto más controvertido es el que permite la renovación parcial del órgano, por lo cree inconstitucional, y en su día abogó por una reforma Constitucional para reducir el número actual de vocales.
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