El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, ha pedido este domingo a las autoridades egipcias que garanticen un juicio justo a los acusados de las últimas revueltas tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mohamed Mursi, y entre los que se encuentra el propio ex jefe del Estado egipcio, cuyo proceso judicial comienza mañana.
Kerry solicitó al ministro de Exteriores egipcio, Nabil Fahmy que el actual Gobierno en funciones haga todo lo posible para detener la violencia en el país y garantice "juicios justos y transparentes" a los acusados.
El secretario de Estado insistió en que Egipto sigue siendo "un socio vital" para los intereses de Estados Unidos y percibió indicios de que los generales egipcios están progresando en sus intentos de restaurar el sistema democrático en el país tras el golpe de Estado.
Con su llegada a Egipto este domingo, sin aviso previo, Kerry se convierte en el funcionario de la Casa Blanca de más alto rango que visita el país desde el golpe de Estado militar contra Mursi el pasado mes de julio.
La visita solo durará unas pocas horas, como parte de una escala dentro el viaje que Kerry tiene previsto realizar a Arabia Saudí, donde se espera que llegue a última hora de este domingo, indicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty.
Durante su estancia en Egipto, Kerry se reunirá con el presidente en funciones, Adly Mansour y, sobre todo, con el ministro de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas y actual "hombre fuerte" del país, Abdel Fatah Al Sisi, ejecutor del golpe militar que derrocó a Mursi.
Mursi está acusado de incitar a sus partidarios a cometer asesinatos y actos de violencia durante la protesta celebrada por la oposición frente al palacio presidencial de Ittihadiya el pasado 4 de diciembre de 2012 que se saldaron con la muerte de ocho personas, entre ellas al menos cuatro integrantes de los Hermanos Musulmanes, así como el periodista El Hoseini Abul Deif, y cientos de heridos y detenidos.
De ser declarado culpable, Mursi podría ser condenado a muerte como pena máxima, según el abogado del grupo islamista Coalición Nacional para Apoyar la Legitimidad, Mahmud Ahmed. No se descarta que pueda ser condenado a perpetua.
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