La jueza Mercedes Alaya ya tiene incorporado al sumario del escándalo por la trama de los ERE el que en el año 2004 pactó el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, con la Dirección del Grupo Joly, según ha podido confirmar Viva en medios judiciales.
A la juez titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla no le había pasado inadvertido el ERE de la empresa editora de periódicos como Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, Huelva Información, Málaga Hoy, Granada Hoy, El Día de Córdoba y Diario de Almería, hasta el punto de que ya preguntó sobre el mismo durante el interrogatorio al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández.
La juez le inquirió sobre si se ratificaba en una respuesta dada en una comparecencia del día anterior respecto de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, ya que le llamaba la atención que a esta entidad -formada por los 36 despedidos en el ERE del Grupo Joly, editor de los periódicos citados- se le concedieran unos 8,5 millones de euros en concepto de ayuda sociolaboral y que el declarante (Antonio Fernández) no marcara las directrices de su concesión, mientras que, por ejemplo, a la entidad Pequeña Holanda, que recibió una ayuda de 440.000 euros, sí se le marcaron directrices.
El exconsejero de Empleo se ratificó en su respuesta, dada el día anterior, de que tan sólo recibió a esta Asociación y que luego los remitió al director general, sin marcar ninguna pauta de concesión de ayudas. La jueza Alaya le preguntó entonces si de haber conocido el sistema de pagos cruzados, respecto del cual había dicho en la víspera que no sabía de su existencia, si los hubiera autorizado, a lo que Fernández respondió que en principio no le parecía una práctica correcta.
La edad límite
La carta de Guerrero a José Joly, que revela la existencia de negociaciones previas entre la Dirección General de Trabajo de la Junta y la Dirección del grupo editorial de origen gaditano, expresa el compromiso “de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido Grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años que resulten excedentes en el consecuente proceso de adaptación de plantilla”.
Por tanto, los trabajadores que se incluyeran en el ERE debían tener más de 52 años. Sin embargo, de los 36 empleados finalmente beneficiarios de la póliza de seguros con la compañía La Estrella -por valor real superior a los 8 millones de euros- debido a su inclusión en el ERE previamente pactado con la Junta, siete tenían 51 años; uno, 50 años; y dos no superaban los 52 años de edad.
En total, entre ocho y diez trabajadores (de un 22% a un 27%) no cumplían el requisito acordado por Guerrero con Joly.
Hasta tal punto se hizo la vista gorda que el propio director de Diario de Cádiz, al que en principio no estaba previsto incluir en el ERE, fue añadido a la lista, a pesar de que cuando se tramitó oficialmente ante la Consejería de Empleo aún tenía 51 años. En el listado de beneficiarios de la póliza de seguros con La Estrella aparece un trabajador que sólo tenía dos años de antigüedad en la empresa, y otro con sólo cuatro años.
El ERE, pues, facilitó que el Grupo Joly se desprendiera de 36 empleados de alto coste salarial, al sumar entre todos ellos más de mil años de antigüedad, lo que le permitió, aligerado de esa carga económica, situarse en una mejor posición frente a otras empresas y acelerar en paralelo sus planes de expansión para introducirse en nuevos mercados periodísticos, como el muy atractivo de Málaga.
En la carta de Francisco Javier Guerrero a Joly se constataba precisamente la “creciente competitividad del sector de la prensa diaria”, pero la Junta no convocó un concurso público para ofrecer a todos los medios de comunicación presentes en la comunidad autónoma la posibilidad de aspirar a las mismas ayudas (más de 8 millones de euros) que al Grupo Joly, merced a las cuales 36 trabajadores del mismo aceptaron irse a la calle por la seguridad de la póliza del seguro.
Las ayudas “sociales” fueron pactadas sólo para el Grupo editor de Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, Huelva Información, Málaga Hoy, Granada Hoy, El Día de Córdoba y Diario de Almería, y de forma reservada, como prueba la carta de Francisco Javier Guerrero a José Joly.
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