La Consejería de Fomento y Vivienda estimado que saldrán al año al mercado del alquiler entre 6.000 y 7.000 viviendas ahora vacías a través del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Vivienda.
En declaraciones a los periodistas, la consejera Elena Cortés ha animado a todas las personas físicas que tengan una vivienda vacía en Andalucía a sacarla al mercado del alquiler y ponerla en esta bolsa de viviendas de alquiler.
Esta orden, cuyo origen se encuentra en la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que sanciona a personas jurídicas que mantengan viviendas deshabitadas e incentiva a las personas físicas que las saquen en alquiler, busca asegurar el derecho social de la vivienda.
Cortés ha asegurado que en la Comunidad andaluza existen entre 700.000 y un millón de viviendas deshabitadas y ha mostrado su apuesta por "hacer cumplir la función social de la vivienda". En este sentido, ha apuntado que este programa ofrece un aseguramiento por parte de la administración contra desperfectos e impagos para personas físicas que saquen las viviendas en alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar, una red de agentes colaboradores sin coste para la persona inquilina y establece un alquiler máximo de 600 euros al mes.
Entre los requisitos para los futuros inquilinos se encuentra que estén inscritos en el Registro municipal de demandantes de vivienda y, una vez les sea asignada una vivienda, se les dará de baja del programa, si bien seguirán formando parte del registro. La Consejería de Fomento y Vivienda elimina los costes de intermediación para los arrendatarios.
Por su parte, la vivienda a alquiler no puede ser de protección oficial y debe estar deshabitada, lo que por ley supone llevar seis meses vacía. Además, la vivienda deberá contar con el certificado de eficiencia energética que establece el Real Decreto 235/2013; en caso contrario, la Consejería asumirá la emisión de dicho certificado
Para facilitar que las viviendas entren en el mercado del alquiler, la Consejería de Fomento y Vivienda regula además en esta orden la figura de los agentes colaboradores de la Junta de Andalucía, que deberán suscribir un convenio con la Administración andaluza y estar debidamente homologados. Su función será la de difundir este programa, captar viviendas para alquiler, solicitar su inclusión en el programa, ofrecer y mostrar inmuebles, proponer la asignación de demandantes, formalizar los contratos de alquiler y gestionar las pólizas de seguro. Podrán recibir, como máximo, una mensualidad del alquiler correspondiente al contrato de la vivienda, que aportará el arrendador, nunca al inquilino.
"El objetivo es sacar viviendas al mercado del alquiler a precio asequible, defender el derecho de la vivienda y la función social de la misma", ha asegurado la consejera, quien ha señalado que en Andalucía el nivel del alquiler ronda el 16 por ciento cuando en Europa se sitúa sobre el 33 por ciento.
La titular de Vivienda también ha señalado que con esta orden se da "la vuelta a las políticas de incentivo del alquiler que se venían realizando" porque "no han funcionado".
Asimismo, ha tendido la mano a los agentes públicos que quieran poner viviendas en este programa, para que "las cedan a la Consejería y esta se encarga de buscar inquilino".
FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS
La orden también regula el nuevo Programa de Cesión de Viviendas a Entes Públicos para el Alquiler, cuyo objetivo es captar inmuebles deshabitados para incrementar el parque público de viviendas en arrendamiento a personas con escasos recursos económicos, especialmente para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia o riesgo de exclusión social.
La cesión por parte del propietario se llevará a cabo a través de un contrato o convenio, donde se pactarán los términos en que se desarrollará la gestión del inmueble, su mantenimiento, conservación y reparación de desperfectos, plazo, así como aseguramiento del cobro de la renta, en su caso. Las personas que cedan sus viviendas podrán recibir como contraprestación, como máximo, 5.760 euros anuales.
"RETA AL GOBIERNO A UN DEBATE PÚBLICO"
Por último, preguntada sobre posibles avances en una comisión bilateral con el Gobierno central para analizar las diferencias sobre la Ley andaluza de función social de la vivienda, Cortés ha advertido de que el Ejecutivo nacional "ha perdido la voz", y "lo único" que conoce al respecto son unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que señalaba que "no todo puede ser propaganda" y apuntaba a posibles efectos negativos para "la prosperidad y el empleo de una comunidad autónoma".
En este sentido, Cortés ha retado a tener un debate público sobre las consecuencias de la Ley de la función social de la vivienda y a convoque la comisión bilateral, ya que "se está hablando de derechos humanos".
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