El portavoz de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha advertido este jueves de que las concesiones administrativas planeadas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) para la gestión y explotación de 34 instalaciones deportivas básicas municipales que hasta ahora estaban en manos de juntas rectoras, prueban el "proceso generalizado de privatización" promovido por el Gobierno municipal del PP para el deporte público.
Hasta comienzos del presente mandato, como se informaba este miércoles, más de 40 instalaciones deportivas básicas pertenecientes al IMD estaban gestionadas a través de la figura de las juntas rectoras, unos órganos colegiados sin ánimo de lucro que integraban a los clubes o entidades deportivas del ámbito de influencia de tales instalaciones. En 2007, en el procedimiento correspondiente a su renovación, la gestión de 41 instalaciones deportivas básicas municipales fue entregada a juntas rectoras constituidas provisionalmente al no contar las mismas con el mínimo de tres entidades o clubes que recogen los estatutos que regulan el funcionamiento de tales juntas rectoras.
EL INFORME DEL SECRETARIO
Sobre esta situación media un informe emitido en octubre de 2007 por la Secretaría General del Ayuntamiento. Dicho informe, recogido por Europa Press, expone que "en un gran número de supuestos no se han constituido las juntas rectoras" dado que "no existían en su ámbito territorial suficientes entidades deportivas usuarias para proceder a la constitución de estos órganos colegiados". Dado el caso, el informe señalaba el "agotamiento" de este modelo y consideraba que la gestión indirecta y "ordinaria" de estas instalaciones debe estar sujeta a contratos de "gestión de servicios públicos".
Para "regularizar" toda esta situación, siempre según el Gobierno local, el IMD ha resuelto licitar, mediante la fórmula del procedimiento negociado con publicidad, las concesiones administrativas relativas a la gestión y explotación de un total de 34 instalaciones deportivas básicas municipales. Estas licitaciones contemplan dos modalidades para las concesiones administrativas. La primera comprende un periodo de cinco años e implica para el adjudicatario la obligatoriedad de acometer determinadas inversiones con una participación del 50 por ciento a cargo de las arcas del IMD. La segunda modalidad contempla sólo dos años de vigencia al no mediar obligaciones de inversión y en ambos casos mediará un canon anual en favor del Ayuntamiento.
LOS CLUBES "NO PODRÁN COMPETIR"
Para Rodrigo Torrijos, ofrecer la explotación de estas instalaciones mediante concesiones administrativas a las que pueden optar las empresas privadas constituye un paso más en el "proceso de privatización generalizada del deporte" que promueve el Gobierno local del PP. En ese sentido, recuerda que las juntas rectoras son entidades "sin ánimo de lucro" que, a través de este procedimiento, pueden ser relavadas por empresas privadas, augurando que los clubes y entidades sociales relacionadas con el deporte "no podrán competir" en este procedimiento.
Respecto al conflicto de la propia situación de las juntas rectoras, Rodrigo Torrijos ha avisado de que el Gobierno local del PP lo utiliza como excusa o "justificación" para emprender sus "privatizaciones". "En lugar de corregir una situación, resolverla administrativamente, privatizan", ha lamentado.
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