El alcalde de Los Marines, José Ramón Rodríguez (PSOE), ha defendido hoy su actuación en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) y ha asegurado que es inocente de los delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación que se le imputan por una construcción ilegal.
En el juicio que se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, las defensas de los acusados -junto al alcalde, están su teniente de alcalde, Benjamín Aranda, quien supuestamente le concedió la licencia y una arquitecta municipal- han solicitado la impugnación del escrito de acusación de la Fiscalía al considerar que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito, al ser su vigencia de 3 años y remontarse los hechos a 2006.
Por contra, la Fiscalía considera que el delito mayor de la causa es el de prevaricación, cuya vigencia es de 10 años, por lo que no habría prescrito y arrastraría el de ordenación contra el territorio.
Después de que el tribunal haya decidido resolver esta cuestión en sentencia, los tres acusados han prestado declaración y han asegurado ser inocentes de los hechos que se le imputan.
El alcalde ha defendido que para la construcción contó con los permisos del parque y de los organismos competentes y que ésta se limitó a una alberca para riego y una caseta de aperos.
Ello a pesar de que en fotografías mostradas por agentes del Seprona de la Guardia Civil se observa que la supuesta caseta de aperos tiene dos plantas, dormitorios e incluso una cocina americana.
Asimismo, ha resaltado el hecho de que él mismo decidió inhibirse en este asunto y abstenerse de firmar cualquiera de los permisos relacionados con esta actuación, si bien se ha constatado que el de la construcción del carril de acceso a la finca sí que lo firmó.
Por último, ha expuesto que su finca se encuentra en una zona del parque natural catalogada como "zona C", lo que entiende como "zona degradada" y así se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad y que, por lo tanto, "no tiene especial protección".
Por su parte, tanto el teniente de alcalde como la arquitecta municipal han asegurado que siempre actuaron bajo la legalidad y que "nunca" fueron coaccionados por el alcalde y han apuntado que lo hicieron contando con el beneplácito de los técnicos y los informes favorables del parque natural.
El alcalde se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de prevaricación y ordenación del territorio.
Para el teniente de alcalde la Fiscalía solicita dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación, condena esta última que se hace extensiva a la arquitecta municipal.
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