La presidenta ha asumido el compromiso en una reunión con la Mesa del Tercer Sector, a la que ha prometido que participará en la toma de decisiones para atender a los más desfavorecidos.
La presidenta se ha comprometido a que antes de que finalice el año la resolución de los expedientes del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social, no supere los tres meses, plazo que marca la normativa reguladora del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y Desigualdad.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que ha recordado que el salario social, del que ha dicho se benefician en 2013 un total de 64.569 personas, "se ha reforzado" presupuestariamente con 44 millones de euros tras la aprobación en mayo del decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que se suman a los 70 millones de euros que la Junta presupuestó para este año.
Por tanto, afirma, "estamos en condiciones de decir que antes de que finalice el año terminaremos cumpliendo los compromisos en cuanto al trámite en materia de tiempo", un extremo que califica como "fundamental". En este sentido, Sánchez Rubio afirma que cuando se habla de salario social, "se habla de personas que no tienen rentas, es decir, personas que no pueden esperar". La tramitación de dichos expedientes estaba superando "los seis meses".
De este modo, afirma que "lo que se está haciendo en estos momentos es movilizar los créditos, porque la demanda existe, las valoraciones están, y hemos dispuesto los créditos para que eso se haga efectivo". "Las comisiones están preparadas, el crédito está, y a lo largo esta semana que entra vamos a ir haciendo las comisiones y formalizando los pagos", reitera Sánchez Rubio, que señala que en unas dos semanas se darán los datos exactos.
JUNTA "ESTUDIARÁ" LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE DIÁLOGO CIVIL
Además, la consejera ha dicho que se estudiará la petición de la Mesa del Tercer Sector de participar en la toma de decisiones en todo lo que tiene ver con políticas dirigidas a la exclusión social, para atender a la parte "más vulnerable de la sociedad andaluza", un extremo sobre el que también se ha pronunciado el presidente de la Mesa, Manuel Sánchez Montero, quien ha dicho que "quieren formar parte del proceso".
En este sentido, han propuesto la creación de una 'Comisión del diálogo civil', para "trabajar sobre los temas y que haya un diálogo permanente entre el tercer sector y la Junta", que se ha comprometido "a estudiarla".
Además, Sánchez Rubio ha indicado que durante el encuentro se han abordado otros temas como el mantenimiento de la red de servicios sociales públicos, "como puerta de entrada a la situación de problemática que pueda tener la sociedad", afirma, y también se ha hablado sobre "todo lo que tiene que ver con situaciones de empleo para personas con dificultades para acceder al mismo", como es el caso de personas con discapacidad.
Durante su intervención, Sánchez Montero se ha referido a la sostenibilidad del sector, en el que "hay más demandas y menos recursos", al tiempo que ha puesto en valor la solidaridad de los andaluces, que "han aumentado sus aportaciones para el sostenimiento". Además, y sobre la Renta Básica, la presidenta ha dicho que "aunque en este momento no existen recursos, hay que empezar a trabajar para cuando los momentos sean mejores, y reforzar el marco normativo para que cuando se pueda, se ejecute", explica.
La Mesa del Tercer Sector, que está formada por la Plataforma Andaluza del Voluntariado, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, El Cermi-A, Cruz Roja, Cáritas y ONCE y atiende a 1.800.000 personas en riesgo de exclusión social en Andalucía, ha anunciado que en su próxima asamblea general se incorporarán otras entidades como Lares Andalucía, de atención a los mayores, o la Asociación de Fundaciones Andaluzas.
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