La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la operación 'Heracles' que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y bien entrada la madrugada del viernes, según han informado a los periodistas fuentes del caso.
De este modo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dejado en libertad al exgerente del IFA en Sevilla y exdirector del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla Enrique Rodríguez Contreras; al secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera; al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, y al empresario José Joaquín Barneto.
También han sido puestos en libertad el exdirigente de la unión provincial de CCOO en Córdoba Francisco Casado; el empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom --propietaria del Hotel Rey Don Pedro en Torremolinos (Málaga)--, y Gerardo de la Cruz, exresponsable de zona de Caja San Fernando en la Sierra Norte de Sevilla.
Todos ellos han prestado declaración a excepción del exalto cargo de la Diputación, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
Los tres primeros en ser puestos en libertad, sobre las 00,20 horas de este viernes, han sido Salvador Mera, Manuel Roberto Carmona Soto y Enrique Rodríguez, quienes han sido recibidos al salir de los juzgados por decenas de sindicalistas --entre los que se encontraba el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla--, que los han recibido con una ovación y gritos de 'libertad, libertad'.
Durante las respectivas comparecencias de medidas cautelares celebradas al término de cada una de las declaraciones, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado el ingreso en prisión de ninguno de los detenidos, aunque sí han interesado la imposición de fianzas de responsabilidad civil.
En el caso del exalto cargo de la Diputación Provincial, el Ministerio Público le ha pedido una fianza civil de un millón de euros, mientras que la Junta ha solicitado tres millones de euros, petición a la que, por cierto, se ha adherido el sindicato Manos Limpias. La juez sólo ha resuelto la fianza civil de Carmona Soto, a quien ha impuesto 471.000 euros en dicho concepto.
Hay que recordar que, en la segunda fase de la operación 'Heracles', fueron detenidas diez personas, aunque únicamente siete fueron puestas a disposición de la juez Alaya, pues la Guardia Civil dejó en libertad a tres de ellas.
A pesar de que las comparecencias han concluido pasadas las 3,30 horas, la juez no ha suspendido las declaraciones previstas para este viernes de otros imputados en la causa, entre ellos el exparlamentario socialista Ramón Díaz, quien tiene previsto acogerse a su derecho constitucional a no declarar.
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