La exjefa del servicio de Fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2012 declaró como testigo ante la Guardia Civil por el caso de los ERE irregulares y aseguró que analizó "dos cajas" repletas de expedientes de ayudas a empresas y de prejubilaciones y le llamó la atención que los documentos asociados a los distintos expedientes "estaban desordenados e incompletos, algo para nada normal", a lo que se suma que contenían "irregularidades".
Según el acta de su declaración ante la Guardia Civil, prestada el 18 de septiembre de 2012 y a la que ha tenido acceso Europa Press, esta testigo aseguró que en 2004 el entonces interventor general le solicitó que analizara una serie de expedientes y le explicó que el IFA/IDEA estaba realizando una serie de pagos en virtud de unos expedientes tramitados por la Dirección General de Trabajo y que se estaban financiando mediante transferencias de financiación.
Así, y según el texto de su declaración notificado ahora a las partes, le hicieron llegar dos cajas llenas de expedientes y, una vez analizados, "se detectaron una serie de irregularidades administrativas" que puso en conocimiento del interventor general, señalando que "le llamó la atención la falta de documentación, algo totalmente fuera de lo común en los expedientes analizados en su carrera profesional".
Así, señaló que los documentos asociados a los distintos expedientes "estaban desordenados e incompletos, algo para nada normal", punto en el que precisó que "estaban incompletos en cuanto a la falta de documentación necesaria y en la que se aportaba en cuanto a su contenido mínimo".
De hecho, y según su testimonio, "en alguna ocasión en un mismo expediente se encontraba con dos subvenciones, es decir, se concedía por un importe total y analizando el expediente subvencional se determinaba que existían dos beneficiarios y dos finalidades, o un beneficiario y dos finalidades". "Existe una indeterminación en cuanto a la actividad subvencionada y su correspondiente importe", dijo.
Añadió que los expedientes analizados participaban de la naturaleza de subvenciones excepcionales, y siendo así "carecían de toda la documentación que es necesaria para la concesión" de dicha subvención, a lo que se suma que "deberían haber sido sometidos a fiscalización previa", algo que "no se acreditaba".
Asimismo, dijo que "las anomalías detectadas motivarían por sí solas la emisión de nota de reparo ante una fiscalización previa", pues además constató que la imputación presupuestaria "era inadecuada".
Cuestionada sobre si realizó algún tipo de seguimiento sobre estos hechos, es decir, si preguntó a algún interventor o responsable de la consejería afectada, contestó que no, aunque "atendiendo a las cantidades asociadas a los expedientes analizados y a las irregularidades detectadas", se trataba de unos hechos "relevantes por su gravedad".
A su juicio, las ayudas no debieron concederse debido a las "irregularidades" administrativas reveladas en los expedientes.
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