El vicepresidente de la Corporación de Empresas Municipales (CEMS) y consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, saltó a la arena pública hace unos días para dar la versión oficial de que “por un error” se había incluido en la página del Perfil del Contratante un contrato de 60.000 euros con la arquitecta Soledad Cruz Guzmán, adjudicado por la vía de negociación, para la captación de inversiones, cuando en realidad ascendía a 30.000 euros. Según la explicación dada por Maza, el contrato era de 30.000 euros por un año pero con posibilidad de prórroga por otro periodo de 365 días, por lo que se incluyó la cantidad total del bienio cuando técnicamente sólo debió figurar la retribución de un solo ejercicio.
El supuesto error cometido en la contratación de servicios externos por parte del ‘holding’ municipal se produce tan sólo días después de que la Delegación de Urbanismo atribuyera a otro supuesto ‘error material’ la reiteración en las Ordenanzas Fiscales para 2014 de un texto que intentó introducir el año pasado y que le habría permitido incrementar en un 100% el importe de las licencias de obra a los promotores inmobiliarios.
Detectada la contumacia en su empeño, Urbanismo hubo de recurrir al pretexto del ‘error material’ para justificar la medida, que hubo de retirar de inmediato para evitarle otro conflicto al alcalde. Fuentes bien informadas cuestionan, sin embargo, la versión oficial por el hecho de que el polémico párrafo había sido destacado en el texto en letra negrita, para que no pasara inadvertido a los responsables de tomar la decisión. Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, delegado y gerente de Urbanismo, respectivamente, aún no han sido capaces de explicar cómo es posible que además de repetirse el texto del año anterior, ahora apareciera en negrita para que resaltara aún más a la vista, salvo que los ordenadores en las caracolas de la Cartuja tengan vida propia.
Error de seis meses
Jesús Maza se ha visto en la misma tesitura de culpar a ‘errores materiales’, pero dados los precedentes, esta explicación no parece gozar entre la oposición y la opinión pública de muchos visos de credibilidad aun a su pesar, dado su propósito de que las empresas municipales funcionen con la eficacia y precisión de ese reloj suizo puesto como metáfora por Zoido.
Al contrario: la reiteración de supuestos errores de bulto que no detectan los servicios y empresas municipales pese a los medios y el numeroso personal de que disponen, mientras que sí lo hace la oposición y los medios de comunicación aunque sus recursos sean limitados denota, en el mejor de los casos, que la maquinaria administrativa falla de forma lamentable en una urbe en la que Zoido prometió despejar la chapuza, el enchufismo y los escándalos.
Uno de los problemas añadido para el caso de la arquitecta Sol Cruz Guzmán y su contrato edulcorado bajo la figura de la negociación radica en que la adjudicación por valor de 60.000 euros habría figurado en el perfil del contratante al menos desde el mes de marzo y que no fue corregido hasta el día 24 de septiembre hacia las 15 horas, un día después de que la noticia fuera publicada por El País. Dicho de otro modo, durante seis meses ha figurado oficialmente la existencia de un contrato de asesoramiento externo por valor de 60.000 euros, y si un medio de comunicación no se hubiese percatado de tal circunstancia cabe preguntarse qué habría ocurrido. Así pues, por de pronto la prensa le ha ahorrado 30.000 euros al Ayuntamiento, cuya ineficacia ha quedado otra vez en evidencia.
Afín a Zoido
Casualidad o coincidencia (¿pero existen casualidades en política?), la beneficiaria del contrato en un Ayuntamiento en el que Zoido prometió acabar con el ‘enchufismo’ de correligionarios, amigos y parientes para pasar al Gobierno de los funcionarios es una arquitecta colaboradora del alcalde y del PP desde los tiempos en que el regidor estaba en la oposición.
A título de ejemplo, en noviembre de 2010 Zoido anunció su proyecto ‘Corazón de Sevilla’: convertir el Parque de María Luisa y su entorno, desde la Puerta de la Carne a la Casa Rosa, en un Parque Central, un ‘Hyde Park’ a la sevillana, con la construcción en toda esa área de hasta tres aparcamientos subterráneos con 2.300 plazas para así erradicar todos los estacionamientos existentes en superficie y celebrar, completamente rehabilitado, el centenario del parque de María Luisa el 18 de abril de 2014.
La comisaria de ese proyecto iba a ser la exalcaldesa Soledad Becerril y su directora y brazo ejecutivo la arquitecta Sol Cruz Guzmán, la misma que cuatro meses después de ser contratada (el 11 de marzo de 2013) como asesora técnico-económica especializada en búsqueda de convocatorias y ayudas para financiar inversiones (un perfil más propio de un economista que de una arquitecta) era nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (12 de julio) a propuesta del PP.
Sevilla Global
La tercera circunstancia singular que concurre en este caso es que la contratación de esta asesoría externa se produjo prácticamente en paralelo al proceso de disolución y despido de toda la plantilla de la empresa municipal Sevilla Global, uno de los departamentos encargados de la misión de captar inversiones exteriores para Sevilla junto con la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla y la Oficina de Planificación Estratégica.
En su día, el Gobierno local trató de justificar la liquidación de Sevilla Global con, entre otros, el argumento de que carecía de sentido mantener su actividad por el ahorro que supondría la asunción de sus funciones por parte de la propia Delegación de Empleo y Economía. Mientras el Consistorio despedía al personal de esta empresa municipal estaba contratando a Soledad Cruz Guzmán y gasta dinero por partida doble: en el ERE de Sevilla Global y en el fichaje de asesores externos.
Además de incorporar a la arquitecta que iba a ejecutar el nonato proyecto ‘Corazón de Sevilla’ (otro más de los que han caído en el limbo del olvido del programa electoral de Zoido), el Ayuntamiento contrató a la consultora Deloitte tras propiciar la salida, el pasado mes de mayo, del hasta entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo (OPEyD), el catedrático Rafael Salgueiro.
También Deloitte
La misión reconocida de Salgueiro y la OPEyD era atraer inversiones a Sevilla, pero según la versión oficial del delegado de Relaciones Institucionales, Javier Landa, como la materialización de este cometido, cuya dificultad admite, “recibe una valoración poco satisfactoria a lo largo de estos dos años”, a Salgueiro se le invita a marcharse pese a que hasta entonces se le había atribuido un papel esencial en la consecución de la Zona Franca.
El 25 de julio, Javier Landa comunica al Consejo Asesor de la OPEyD que la empresa Deloitte ha resultado adjudicataria de un concurso que tiene por objeto facilitar las inversiones en Sevilla, “inversión en Sevilla -añade- entendida como atracción empresarial tanto a la zona portuaria, ya sea en el interior del recinto de la Zona Franca o en cualquier espacio portuario, como en otros espacios habilitados para el ejercicio de actividad industrial o empresarial, tal es el caso de la zona aeroportuaria”.
No consta la previa convocatoria de ese concurso del que resulta adjudicataria Deloitte para captar inversiones en Sevilla, pero una vez más nos encontramos con que se externalizan, con el consiguiente sobrecoste para las arcas municipales, funciones previamente asignadas a empresas, servicios u organismos del Consistorio, como serían Sevilla Global, la APES y la Oficina de Planificación Estratégica; y a la luz de las palabras de Landa, asumiendo incluso la labor que corresponde a entes ajenos, como la Autoridad Portuaria y el Aeropuerto de Sevilla.
Por tanto, ya no cabe hablar de ‘error material’ alguno, sino de una nueva política que prescinde de forma expresa y deliberada de los funcionarios y del personal municipales y, por ende, vacía de competencias organismos como el Instituto Municipal de Deportes, pese a que Zoido prometió que su Gobierno sería el de los funcionarios.
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