La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha elevado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, por la actuación "parcial, sesgada y completamente tendenciosa" de la Inspección Educativa de Andalucía, dirigida a "presionar" a los profesores para que mejoren las calificaciones y las tasas de titulaciones, "perturbando gravemente la imparcialidad y la objetividad que el Estatuto Básico del Empleado Público prescribe como obligación de todo funcionario público".
En el escrito elevado a Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala cómo, tras la "defenestración" judicial del Plan de Calidad y su "manifiesto rechazo" por los profesionales de la Enseñanza Secundaria, la Consejería "habría emprendido una vasta operación, disfrazada de legalidad, contra los profesores de esta etapa educativa", con el único propósito de obligarles a mejorar las calificaciones y las tasas de titulación en Secundaria obligatoria y postobligatoria, sin atender a ninguna de las causas del "elevadísimo" fracaso escolar que distingue a Andalucía desde hace décadas.
Entre ellas, APIA critica el "recalcitrante" marco legal que impera, "apenas sin solución de continuidad", desde los años noventa, y su "delirante fundamento pseudopedagógico, que han condenado al fracaso y la exclusión a varias generaciones de ciudadanos".
Para el sindicato, la Consejería de Educación estaría "instrumentalizando" la Inspección de Educación, "poniéndola al servicio de intereses partidarios sin el menor pudor", sustituyendo las originales funciones de la inspección por una, "tan obsesiva como ridícula", declaración de intenciones, "la búsqueda del éxito escolar para todos", para, acto seguido, acometer una "campaña" en toda regla contra la enseñanza secundaria y sus profesionales.
Subraya el colectivo de profesores de instituto que, abandonando la mayor parte de los cometidos asignados a esta institución, la Consejería "ha centrado su actuación, autodenominada global y sistemática, casi exclusivamente en la práctica docente y los resultados escolares, ignorando la mayor parte de los factores que influyen, a veces decisivamente, en el funcionamiento del sistema educativo".
Para APIA, sólo la intención de "molestar" explica la petición selectiva de informes de evaluación, "carentes de todo amparo legal", a determinados profesores en exclusiva, o la exigencia de unas programaciones de aula.
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