El Gobierno andaluz ha acordado hoy iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, que amplía los requisitos para medir la capacidad económica del beneficiario, con lo que se tendrá en cuenta no sólo la renta, sino su patrimonio.
Según la nueva normativa, en caso de infracción se podrán imponer multas que oscilan entre los 75 y los 6.000 euros, así como sanciones adicionales no pecuniarias, como la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones, con el fin de que las ayudas públicas lleguen a las personas que realmente lo necesitan.
Entre los beneficios públicos en vigor en Andalucía destacan servicios como el comedor escolar o el acceso a viviendas protegidas en propiedad o alquiler, y en materia fiscal la reducción de tipos o base imponible en tributos cedidos, bonificaciones de precios públicos y exenciones totales o parciales de tasas.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha resaltado, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta norma dota de "mayor capacidad" a la administración para aplicar sanciones cuando se produzcan abusos -como falsear la capacidad económica de la familia-, al tiempo que pretende luchar "de forma contundente" contra el fraude fiscal.
Montero ha asegurado que la ley estará vigente en la presente legislatura aunque no se remitirá al Parlamento hasta dentro de unos meses, una vez que haya finalizado el periodo de consultas previo, un trámite que la Junta quiere agilizar.
Esta norma, prevista en el pacto de gobierno suscrito por el PSOE e IU, establece también las causas por las que se pierde la condición de beneficiario: falsear las condiciones requeridas u ocultar datos e incumplir la actividad para la que se concedió, así como la exigencia de devolver las ayudas recibidas indebidamente.
Respecto al segundo título del anteproyecto, que incluye las medidas para luchar contra el fraude fiscal, se introducen modificaciones en la normativa sobre tributos cedidos para reforzar los elementos de control que eviten eludir impuestos y que los contribuyentes se beneficien indebidamente de reducciones en la base imponible, fundamentalmente en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en Sucesiones y Donaciones.
Así, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se combate el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para la compra de vivienda habitual, ya que se ha detectado que, en ocasiones, encubre la transmisión de la vivienda del propio ascendiente, lo que desvirtúa la finalidad del beneficio.
La nueva ley exige que el inmueble adquirido sea la vivienda habitual del donatario durante al menos tres años y, para evitar que se falsee artificialmente el precio de venta, se tendrá en cuenta el valor real, con independencia del valor de venta.
También se han detectado fraudes en la donación de dinero a familiares para la constitución de empresas, ya que tras la operación, se transmite la empresa o se traslada fuera, por lo que se exigirá la permanencia del domicilio en Andalucía hasta cinco años después o la imposibilidad de que se venda parte de ésta.
En la modalidad de sucesiones, se incrementa la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios de los herederos ya que, en casos de fallecimiento previsible con anterioridad, se han detectado movimientos en los depósitos bancarios con objeto de eludir el pago de ese impuesto.
En Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, se computará no sólo el valor de la vivienda, sino también el de los trasteros y garajes que se compren, para comprobar que su valor no sobrepase los límites para beneficiarse de las bonificaciones.
Para evitar que se eluda el pago de impuestos relacionados con las concesiones de las administraciones, éstas estarán obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria de Andalucía cada trimestre todas las concesiones otorgadas y los datos de los adjudicatarios de los servicios, de forma que sea más difícil eludir los pagos.
Por otra parte, la norma excluye el pago en metálico de transmisiones, adquisiciones o donaciones, para poder acceder a beneficios fiscales aplicables en la Comunidad.
La consejera ha recalcado que esta nueva ley no busca conseguir ingresos extras y, de hecho, no va a suponer "ningún tipo de ahorro" para las arcas públicas, sino que se trata de beneficiar a las personas que de verdad lo necesitan.
En cuanto a las medidas sobre el fraude fiscal, ha precisado que tras el plan aprobado hace un año en esta materia, la Junta prevé obtener unos ingresos de entre 200 y 220 millones de euros y, con las nuevas medidas incorporadas en el anteproyecto, espera que dicha cantidad se incremente en unos 40 o 50 millones de euros.
Según Montero, se han iniciado 63.139 procedimientos sancionadores como consecuencia de las inspecciones, que han aumentado un 90 por ciento.
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