El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobará el miércoles, en virtud de la mayoría que ostentan PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, la nueva Ley de función social de la vivienda, que el PP-A rechazará.
Esta será la nueva regulación antidesahucios con la que contará Andalucía después de que el anterior decreto ley sobre función social de la vivienda quedara paralizado tras el recurso que interpuso el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
Como novedades respecto al decreto ley, la nueva norma amplía la cobertura sobre personas que pueden verse afectadas por desahucios, como avalistas y autónomos.
Así, en una disposición adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan prestado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.
Igualmente, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito.
El PSOE-A anunció días atrás que la futura Ley de función social de la vivienda contará con una "partida específica" en los presupuestos de la comunidad para 2014 y, a partir de ahí, se podrá valorar a cuántas personas va a beneficiar, una vez que amplía la cobertura a nuevos beneficiarios.
Por su parte, el PP-A ha anunciado que votará en contra de la norma y ha augurado que también acabará siendo recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional porque tiene los mismos trazos de "inconstitucionalidad" que el anterior decreto sobre la misma materia y que fue recurrido.
La secretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos del PP-A, Alicia Martínez, manifestó el pasado jueves que, en su día, el grupo popular se abstuvo en la votación del decreto ley de función social de la vivienda, porque su voluntad era el diálogo y hacer aportaciones a la futura ley. Sin embargo, ahora rechazarán la norma porque no se ha aceptado ni una sola de sus 82 enmiendas al texto legislativo, que solo está planteado para la "confrontación" y de "cara a la galería", porque no resuelve en absoluto el problema de los desahucios.
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