Según explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero, la Junta ha decidido regular una práctica que se desarrolla exclusivamente en el ámbito de la sanidad privada ante el auge “especialmente en las niñas” de operaciones de cirugía estética entre menores, ya que se calcula que 1 de cada 10 de las 60.000 intervenciones que se producen al año son a adolescentes, la mayoría de ellas sobre las mamas, detectándose una falta de información o minización de los riesgos cuando en un 5% se producen complicaciones leves y en 1 de cada diez quedan secuelas irreversibles.
Así, este decreto -que forma parte de un amplio abanico de iniciativas que quiere emprender la Consejería en el ámbito de la cirugía estética- se destina, en primer lugar, a garantizar una información seria y rigurosa de la intervención quirúrgica, sobre sus resultados y las contraindicaciones que de ella se deriven, más aún cuando se producen en adolescentes cuyo crecimiento aún no está completado.
Antes de esta operación, un profesional ajeno al centro estético deberá realizar un informe psicológico que acredite el grado de madurez del menor y su capacidad para aceptar los cambios derivados de esta operación. En el caso de la franja de edad entre los 16 y 17 años, prima el deseo de la menor pero sus progenitores o tutores deberán ser informados antes de llevarse a cabo la operación, mientras que serán los padres los que decidan -oído el menor- cuando éste tenga entre 12 y 16. En el caso de los menores de 12 años, sólo se realizará la intervención con la autorización expresa de los padres.
En cuanto a los centros y clínicas, deberán aportar a un registro de datos de cirugía estética que se creará toda la información sobre los indicadores de resultados y las tasas de éxito, complicaciones y efectos secundarios de las intervenciones practicadas a menores, un informe que deberán emitir anualmente a la Consejería, que garantizará la confidencialidad de los datos.
Además de este informe, las clínicas deberán presentar una memoria detallada de sus instalaciones, incluyendo equipos, quirófanos, salas de despertar y unidades de reanimación, así como los títulos de especialistas de sus profesionales y la actualización de sus plantillas.
Defensor del Paciente
Mientras, la asociación El Defensor del Paciente tildó ayer de "insuficiente" el decreto andaluz que regulará la cirugía estética en menores de la Junta, al tiempo que apostó, en el caso de una regulación en este ámbito, por una norma de ámbito estatal.
En una nota, esta asociación aseguró que "desde hace años" viene defendiendo "la prohibición de cirugía estética en menores", a excepción de aquellos casos en los que concurra problemas por "malformaciones de nacimiento o situaciones evidentes que actúen en el menor creándole una depresión, tales por ejemplo una nariz prominente".
Agregó que, "aunque el primer paso está siendo dado por la comunidad andaluza, nos parece claramente insuficientes las medidas que se van a tomar, además de que deberían ser de ámbito nacional".
Además, justificó la "insuficiencia" de las medidas adoptadas en el decreto andaluz por cuanto "un psicólogo no puede en una sola consulta saber el punto de necesidad que el joven tiene para intervenirse", además de que "la información de riesgos no está sólo para los menores de edad, sino para todos".
De igual modo, argumentó que "el aumento de operaciones en jóvenes sigue de forma paulatina" en España y alertó de que "la constatación de la clínica o la valoración del cirujano no es una garantía en sí misma", por lo que "no exime de un riesgo que causaría el destrozo en la vida del joven".
Por todo ello, sostuvo que "la única medida efectiva es la prohibición por ley a menores", así como el "exhaustivo control" de centros y las "inspecciones" a clínicas y médicos. "La buena voluntad de la Junta no es suficiente para proteger a los jóvenes y a todos aquellos que acudan a intervenirse de cirugía estética", concluyó.
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