La Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, ha tramitado 345 expedientes durante los meses de julio y agosto de 2013, según los datos hechos públicos por este organismo.
De nuevo, las empresas y entidades que ofrecen servicios relacionados con las telecomunicaciones acaparan el porcentaje más alto de tramitaciones, con 217 expedientes tramitados, lo que supone un 65% del total de expedientes.
La banca también ocupa un espacio específico en lo relativo a la tramitación de expedientes ante desacuerdos por los servicios y productos que ofrece. En este sentido, cabe destacar que se han tramitado veinte expedientes durante los citados meses, lo que supone el 6% del total. Otros sectores, como el de pólizas de seguros o entidades financieras, también han recibido trece quejas, lo que supone el 4% de los expedientes tramitados.
De la misma manera, cabe poner de manifiesto que los servicios municipales que ofrece el Ayuntamiento de Chiclana no han recibido ninguna queja ni expediente en los meses de julio y agosto.
Tras los servicios de telecomunicaciones, las quejas de los ciudadanos de Chiclana se concentran en el pasado mes de junio, aunque a gran distancia, en sectores como el suministro de electricidad con siete expedientes abiertos; los electrodomésticos, con cinco, o la banca, con cuatro. Luego se han producido tres relacionados con el automóvil y otra serie de sectores con uno o dos expediente como seguros, alimentación, asistencia médica o transportes, entre otros.
La finalidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor es ofrecer ayuda y orientación a los consumidores de la localidad. Así, se encarga de la recepción, tramitación y mediación de las reclamaciones que se presenten directamente por el consumidor o que le sean remitidas por otras oficinas de información al consumidor o asociaciones de consumidores. Ademas, tiene el objetivo de fomentar la educación y la formación de los ciudadanos, colaborando con otras entidades públicas y privadas en la defensa de los derechos del consumidor y remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no ha sido posible lograr un acuerdo mediador.
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