La propiedad del bloque de viviendas de renta libre ocupado irregularmente por un grupo de familias en la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla solicitando "el desalojo forzoso" del edificio, "al no haberse cumplido los compromisos por parte de los ocupantes". El pasado mes de junio, como se recordará, la propiedad reclamó la no ejecución del desalojo previamente instado, merced a un pacto entre ambas partes para promover el realojo de estas personas en otras viviendas con el desalojo pacífico del bloque en cuestión.
En concreto, y como muestran las hemerotecas, mientras el Juzgado de Instrucción número tres culminaba la toma de declaración de las personas imputadas por usurpación a cuenta de la ocupación de este bloque de viviendas de renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, pesaba un principio de acuerdo alcanzado entre el grupo de familias y la propiedad del edificio; 'Ibercaja' a través de la sociedad limitada 'Residencial Murillo'.
ACUERDO ENTRE LAS PARTES
El citado principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" de las viviendas ocupadas, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. Dado el caso, la propiedad del edificio elevó al juzgado un escrito reclamando "que no se acuerde la medida cautelar de desalojo solicitada" el 2 de mayo "hasta que transcurra el plazo acordado por los ocupantes del inmueble para efectuar el desalojo pacífico y voluntario".
En ese sentido, el mencionado escrito exponía "el firme compromiso" de las familias para "desalojar de manera pacífica y voluntaria, en el plazo máximo de un mes", el citado edificio una vez hubiesen acreditado su "situación de necesidad" y se hubiese podido localizar inmuebles en los que pudiesen ser "realojadas como inquilinos".
DE NUEVO EL DESALOJO
El pasado 30 de julio, como publica 'El Correo de Andalucía', la propiedad del edificio reiteró la "solicitud de desalojo forzoso" formalizada el 2 de mayo "al no haberse cumplido por parte de los ocupantes los compromisos alcanzados entre ambas partes". "Únicamente tres familias ocupantes han facilitado la evaluación por parte de los Servicios Sociales para acreditar una situación de necesidad de forma que, tal y como se acordó, se han localizado inmuebles para estas familias que han desocupado el inmueble de forma pacífica para ser realojados como inquilinos en otras viviendas", explica 'Residencial Murillo' en el escrito elevado al juzgado y recogido por Europa Press.
Según el escrito, "el resto de ocupantes no ha realizado acto alguno tendente al desalojo pacífico", transcurriendo "sobradamente" "el plazo voluntario otorgado" por el propio juzgado al tomar declaración a los imputados, al objeto de que desalojasen el edificio, así como el plazo concedido por la titularidad del inmueble. Así pues, la propiedad del edificio restituye su "solicitud de desalojo forzoso".
LAS FAMILIAS PROTESTAN
Las familias que protagonizan esta ocupación, de su lado, lamentan en un comunicado esta "desagradable noticia" y aseguran que han "cumplido" los términos del pacto. Aseguran haber entregado "informes sociales" al Ayuntamiento y avisan de que algunas familias aún esperan ser citadas por los servicios sociales municipales. El colectivo asegura que la propiedad no ha convocado "ninguna mesa de negociación a pesar de las peticiones y pidió una demora al Ayuntamiento para entregar la documentación que permitiría obtener los suministros de agua y luz". "Están esperando que pase el tiempo para marearnos y echarnos a la calle sin que nadie se entere", enfatizan.
La propiedad de los inmuebles, como es sabido, propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en la obra social de 'Ibercaja'. Este programa, destinado a familias de bajos ingresos, tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado. Se trata, según 'Ibercaja', de "garantizar unos precios sociales que permitan acceder a una vivienda de alquiler a personas con dificultades y necesidades específicas en materia de alojamiento".
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