El juzgado de instrucción 1 de Coria, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que cuando Alfaro era alcalde "cedió dos parcelas de terreno de su propiedad al Ayuntamiento por él regido, obteniendo a su vez el cambio de calificación de otras dos parcelas de terreno, sin seguir el procedimiento urbanístico vigente".
Ello "generó para el imputado beneficios económicos", dice el juez, que por ello acuerda seguir la causa contra Alfaro por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, para lo que da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.
Alfaro, que dejó la Alcaldía por una moción de censura en 2003, es actualmente diputado provincial por el PA y fue denunciado por la actual corporación municipal.
El abogado denunciante, Benjamín Muñoz, ha informado a Efe de que Alfaro está imputado por haber llevado a cabo, el 23 de enero de 2003, una cesión de terrenos por parte de su familia al Ayuntamiento, a cambio de una serie de actuaciones y recalificaciones que afectaban a terrenos de su propiedad.
El acuerdo, según la denuncia presentada en octubre de 2008 por la actual corporación, incluía la recalificación de un terreno que pasaría de deportivo a residencial, con lo que el ex alcalde y su familia obtenían "grandes beneficios por sobrevaloración de su parcela", cifrados por un informe pericial en 712.999,58 euros.
A cambio, la familia Alfaro cedió dos parcelas al municipio valoradas en 176.902,88 euros.
Además, consiguió supuestamente la recalificación de una parcela que constituía un viario, y por lo tanto debía ser cedida al Ayuntamiento sin coste alguno, para pasar a la categoría de urbana residencial, con un valor de 40.738,87 euros.
A cambio, Alfaro cedió al Ayuntamiento una parcela "que carece de valor alguno pues constituye una servidumbre de paso", según dicho peritaje.
Benjamín Muñoz sostiene que, de las actuaciones, se desprenden indicios de prevaricación en la conducta del ex alcalde, pues "llevó a cabo actuaciones en detrimento de los intereses del Ayuntamiento y en beneficio propio o de su familia".
Ello se hizo "sin las más mínimas comprobaciones o requisitos, como era la emisión de un informe previo de valoración antes de la recalificación o permuta de los terrenos, como reconoció la arquitecta municipal", añade el letrado de la acusación.
La resolución del juez no es firme y contra ella el ex alcalde puede interponer recurso, precisa el auto judicial.
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