El presidente del PP de Cádiz, parlamentario andaluz y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, Antonio Sanz, ha anunciado la petición de la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento ante "su incomprensible silencio tras los ataques de las autoridades de Gibraltar a los pescadores de La Línea".
El dirigente popular reclama la comparecencia de los consejeros de Medio Ambiente y Pesca, de Justicia e Interior y de Presidencia para que "se posicionen ante la actitud de confrontación del Gobierno de Fabián Picardo y respalden y se sume a las medidas del Gobierno de la Nación en la firme defensa de los intereses españoles".
A su juicio, "es incomprensible que el Gobierno de la Junta de Andalucía no haya condenado el acoso del Gobierno de Gibraltar a los pescadores, la usurpación de las aguas jurisdiccionales y los incumplimientos de las leyes y le exige que se apoye y se sume a las medidas del Gobierno de la Nación en defensa firme de los intereses españoles".
Asimismo, Sanz califica de "penosa y patética la actitud del PSOE de Cádiz y La Línea, considerando que son los únicos en España que mantienen una coalición con Picardo y demuestran una deslealtad a España sin precedente".
Por ello, exige al PSOE nacional que "los haga rectificar y haga que cambien el rumbo y empiecen a trabajar por La Línea y no por Gibraltar. El PSOE gaditano hace más por Gibraltar que por La Línea y por la comarca, sentencia Sanz, reprochando la actitud de la alcaldesa socialista de La Línea, Gema Araujo, e ironiza que lo que le falta por ver es que Araujo vaya en las listas de Picardo en las próximas elecciones de Gibraltar porque no se puede entender que su actitud no sea defender a los linenses sino posicionarse del lado del señor Picardo".
Por último, el presidente del PP de Cádiz pide a la Unión Europea que ponga fin "al récord de ilegalidades y a la barra libre que Gibraltar quiere tener incumpliendo las normas en cuanto al bunkering, al contrabando, al blanqueo de capitales, al relleno de las aguas y al lanzamiento de los bloques de hormigón, que significan un atentado a la ley y una agresión inaceptable a los intereses españoles y a las posibilidades de trabajo de nuestros pescadores".
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