Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que la declaración en sede judicial como imputados de los integrantes del anterior equipo de gobierno de Carboneras (Almería) impulse la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión al exalcalde, el socialista Cristóbal Fernández.
La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que su organización "ha intentado" en al menos "dos ocasiones" que Fernández comparezca ante la Justicia para "dar la cara por saltarse" la normativa ambiental y la Ley de Costas, y hacer "caso omiso" de las resoluciones judiciales que obligaban al Ayuntamiento a declarar suelo no urbanizable el sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel y ha celebrado que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera se haya avanzado "más y tirado del hilo".
"Esperamos que prospere la imputación ya que lo ideal, y lo que deseamos es que, no solo se derribe el hotel, sino que también, ojalá, paguen los culpables de su construcción", ha asegurado Marcos, quien ha considerado que lo que más se ajustaría a derecho sería que los que fueron los promotores del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones "hagan frente con su patrimonio del coste de la demolición y la regeneración de la zona".
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera (Almería) ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.
Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar) por presunta desobediencia y prevaricación, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata, una parcela que desde entonces aparece como urbanizable en la normativa municipal.
En este sentido, un portavoz de Ecologistas en Acción, cuya demanda dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente formulase denuncia y judicializase el caso, ha indicado que, del procedimiento, debe salir "por fin" la clasificación de no urbanizable para el paraje, "que ya le ha otorgado incluso la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
"Resulta increíble que, a estas alturas y con infinidad de resoluciones judiciales en esa línea, el Ayuntamiento siga sin adaptar su normativa urbanística", ha señalado para, a continuación, remarcar que, en la causa en fase ahora de instrucción, debe dirimirse una doble responsabilidad que pasa, por un lado, "porque el actual equipo de gobierno no adapta sus normas subsidiarias" y, por otro, "por el hecho de la Junta no le ha obligado a hacerlo".
"Esperamos que la actual corporación modifique la actual calificación de suelo urbanizable para El Algarrobico y esperamos también que dejen de hacer política, arrastrando a otros ayuntamientos a defender el hotel pese a que la única salida es su demolición", ha remarcado.
El auto judicial cita a declarar a las 9,30 horas del martes en calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al exalcalde. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.
Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.
En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
RESTABLECER EL PARAJE
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
LA DENUNCIA
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
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