La Audiencia Provincial de Sevilla, en la providencia que confirma la reducción de la fianza requerida para la libertad de José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter' e imputado en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L, señala que la juez instructora, Mercedes Alaya, "debe apurar y depurar la instrucción" para "completar la investigación" con "el grado de participación que hubiera podido tener la persona aforada", toda vez que corresponde al Tribunal Supremo el tratamiento de las personas protegidas por la condición de aforado.
La juez Alaya investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos en su mayoría relacionados con el PSOE. Las ayudas, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.
EL RECURSO DE GONZÁLEZ MATA
La última novedad de la causa reside en una providencia emitida el 8 de agosto por la Audiencia Provincial en respuesta al recurso de apelación promovido por la defensa del dueño de la consultora 'Uniter', José González Mata, contra el auto de ingreso en prisión dictado por la juez el pasado 18 de junio. Después de que la juez aceptase ya el pasado 31 de julio rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza necesaria para su libertad, la Audiencia no accede finalmente a decretar la libertad de González Mata, confirma la reducción de la fianza e incluso pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre el contenido del recurso de apelación al poder "incidir en el terreno de lo delictivo".
La providencia en cuestión, por cierto, profundiza especialmente en uno de los aspectos esgrimidos en el mencionado recurso de apelación, la supuesta "demora de decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de competencia y jurisdicción". Durante la instrucción, por ejemplo, ha sido señalado insistentemente el papel del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, actual diputado nacional por el PSOE y cuya imputación supondría la elevación de las diligencias al Tribunal Supremo a cuenta de su condición de aforado.
"APURAR Y DEPURAR LA INSTRUCCIÓN"
En ese sentido, esta providencia recogida por Europa Press responde al recurso de apelación avisando de que "el hecho de imputar a un aforado no implica 'per se' la pérdida de la competencia y jurisdicción". De otro lado, la providencia pone de manifiesto que "salvo que la conducta imputable al aforado sea escindible desde un principio, el juzgado de instrucción debe apurar y depurar la instrucción (...) para completar la investigación determinando el grado de participación que hubiera podido tener la persona aforada".
En la misma línea, la provincia avisa de que "en tanto se depura la competencia del Tribunal Supremo, nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar". "Lo que no puede el juez instructor es realizar actos procesales que determinen ya la sujeción de un aforado a un procedimiento penal", indica la Audiencia.
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