La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha enviado una quincena de cartas a representantes de sendas entidades financieras que operan en Andalucía al objeto de invitarlos a una reunión este martes para abordar la situación de "extrema vulnerabilidad en que han quedado incontables familias andaluzas" tras la suspensión cautelar del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda a raíz del recurso presentado por el Gobierno de España.
En esta reunión, a la que también están invitados representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Cortés reclamará, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el martes 16 de julio, una moratoria de los desahucios durante el periodo en que el Tribunal Constitucional (TC)decide sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar del Decreto Ley, periodo que podría prolongarse hasta cinco meses, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería.
Así, la responsable andaluza de Vivienda trasladará a los asistentes la "urgencia" de frenar los desalojos hasta tanto el TC tome una decisión sobre la suspensión de norma, "al estar en juego un derecho, como el de la vivienda, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía".
En este sentido, defenderá que ante una situación "absolutamente excepcional", como la generada por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "al emplear su prerrogativa de paralizar un Decreto Ley mediante recurso ante el Tribunal Constitucional, han de establecerse también medidas excepcionales, situando como prioritaria la defensa del derecho humano a la vivienda".
UNA NORMA "PLENAMENTE CONSTITUCIONAL"
Las mismas fuentes detallan que se trasladará a los representantes de las entidades financieras la "certidumbre" de que la norma es "plenamente constitucional", por lo que suspensión será en todo caso "cautelar, con lo que la ejecución de lanzamientos durante dicha suspensión constituye una injusticia añadida e irreparable".
"El Decreto Ley nació para dar respuesta, con diferentes medidas, a la insostenible injusticia que supone la existencia de un inmenso stock de vivienda vacía en Andalucía mientras se produce una imparable sangría de desahucios", añaden, tras lo que matizan que, durante los casi tres meses que estuvo en vigor, el Decreto Ley protegió el derecho a la vivienda a todas las personas en riesgo de desahucio en Andalucía.
Por una parte, la norma establecía la expropiación temporal del uso de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social, una medida que en el momento de la suspensión del Decreto Ley sumaba 18 beneficiarios, y a la que habían optado cientos de personas más en toda Andalucía en menos de tres meses. Además, suponía un factor "disuasorio para todos los desahucios en Andalucía", al establecer sanciones de hasta 9.000 euros por cada vivienda vacía en manos de personas jurídicas.
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