Eso es lo que apuntan las investigaciones de la Guardia Civil, cuyos agentes, en el marco de la operación Arcos, comenzaron a primera hora de ayer a registrar el Ayuntamiento de este pequeño pueblo del interior de la Axarquía malagueña, además del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
Ya por la tarde, agentes de la Guardia Civil registraban durante varias horas la casa del jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, vivienda de la que salieron con el propio detenido, al que introdujeron en un vehículo, mientras sacaban varias cajas, al parecer con documentos.
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga, y una -la de un constructor- en la de Huelva.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas (los dueños de dos empresas -Crocasa SL y Alta Axarquía- y familiares) y un intermediario.
Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus “sospechas” de la existencia de una vinculación “excesivamente benefactora” del Ayuntamiento con Crocasa relacionada con una recalificación de suelo, y ya anunció que esos hechos los estaba investigando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.
En suelo no urbanizable
La operación, según la Guardia Civil, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la citada comarca malagueña.
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.
Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
La operación causó un gran revuelo en el municipio de Alcaucín, algunos de cuyos vecinos lanzaron gritos de ánimo y apoyo al alcalde tanto a la salida de su vivienda, que también fue registrada, como a la llegada al Ayuntamiento.
Pero este supuesto nuevo caso de corrupción también ha provocado la reacción de la clase política. Y, la primera, la del PSOE de Málaga, que emitió un comunicado en el que anunciaba que expulsará a “los militantes que resulten imputados”, decisión corroborada por el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, quien aseguró que tendrán “tolerancia cero” con todo el que haya tenido que ver con estos hechos delictivos.
Mientras, el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, dijo que teme que la corrupción que afecta al PSOE se extienda a otras localidades limítrofes a Alcaucín y exigió una aclaración “inmediata” para saber el grado de implicación de la Diputación.
Además, el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, denunció que la corrupción en la Costa del Sol “lamentablemente se ha extendido al interior de la mano del PSOE”.
La Diputación de Málaga, cuyo presidente Salvador Pendón (PSOE) eludió hacer cualquier tipo de declaración, se desvinculó ayer de las actuaciones que lleva a cabo la Guardia Civil contra la corrupción urbanística en la propia institución y el Ayuntamiento de Alcaucín porque se investigan “actividades privadas”.
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