La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha dado por hecho este jueves que el actual presidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, "tenía conocimiento" de los informes en los que el ex interventor general Manuel Gómez advirtió de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L, más conocido como 'fondo de reptiles'.
De este modo, y durante el interrogatorio en calidad de imputado al ex interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, la juez Mercedes Alaya ha subrayado que "ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía", según han informado a los periodistas fuentes del caso, las cuales han descrito la comparecencia como "un debate entre los dos --juez e imputado-- sobre derecho administrativo".
Asimismo, y durante su declaración, Manuel Gómez ha explicado a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que no realizó un informe de actuación en torno a las irregularidades detectadas porque no veía motivos para hacerlo y porque "hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón". "El consejero responsable de IDEA lo habría dejado en un cajón", ha señalado el imputado.
Al hilo de ello, la juez le ha preguntado si recibió "presiones políticas" a fin de que no emitiera el informe de actuación y poner así "coto" a las irregularidades detectadas, pero el imputado lo ha negado, lo que ha provocado un gesto de desaprobación en la magistrada, según las fuentes consultadas.
En la declaración, el ex interventor general de la Junta ha reiterado que "advirtió de que no había procedimiento", aunque ha dicho que, en ese momento, "no podía pensar que terceras personas se estuvieran lucrando".
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