El portavoz de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva, Pedro Jiménez, advierte que las medidas de ajuste que está ejecutando el PP en el Ayuntamiento de Huelva “van a suponer un enorme beneficio para los bancos a los que el municipio tendrá que pagarles los créditos que ha recibido para saldar su deuda con los proveedores, a lo que hay que sumar el pago de los intereses que acarrean dichos préstamos”. Jiménez añade que estos pagos “se van a hacer a costa de comprometer los servicios públicos municipales, ya que el equipo de gobierno sólo está actuando para saldar deudas, sin disponer de capacidad para atender dichos servicios que la ciudadanía necesita”.
El portavoz municipal advierte que a pesar de todos los recortes y sacrificios que el PP impone a los empleados municipales y a la ciudadanía con sus medidas de ajuste el Ayuntamiento ingresa menos de lo previsto en los planes del equipo de gobierno, se gasta por encima de lo recogido en el Plan de Ajuste y no ahorra lo recogido en el mismo, según establece el informe del Interventor Municipal. Ante esto, Jiménez señala que “los recortes salariales, el incremento de los impuestos y tasas municipales y la disminución de los servicios públicos tampoco están sirviendo para sanear la economía municipal”.
En este sentido, Jiménez declara que “la gestión del equipo de gobierno del PP sólo ha servido para generar la actual deuda municipal y además demuestra que está incapacitado para remediarla. Es decir, el plan de saneamiento económico del Ayuntamiento que está llevando a cabo el PP es el cuento de la lechera y no va llevar a ninguna parte, si no es al colapso de la economía municipal”.
Según el informe de morosidad, el Ayuntamiento de Huelva tiene una nueva deuda con sus proveedores acumulada en los dos primeros trimestres de este año de más de 60,2 millones de euros, viéndose obligado, en un nuevo plan de pago a proveedores, a atender a un total de 3.151 facturas que suponen un coste total de 30.357.076 euros. Esta cifra se añade a los anteriores préstamos para pago a proveedores de 83 y 10,3 millones de euros, respectivamente, cantidades que suponen una amenaza de nuevos recortes salariales y en los servicios públicos municipales y que suman un total de 123,6 millones de euros.
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