El Gobierno retrasa la aprobación de la reforma local tras el Dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que está en línea con lo que ya advertimos desde amplios sectores del municipalismo español, pero al final ha sido este alto Organismo el que le ha enseñado el camino de la inconstitucionalidad de sus grandes ejes: el coste estándar y el sobredimensionado papel de las diputaciones, devolviendo así la dignidad a los ayuntamientos y salvando miles de empleos.
Suprimidos esos pilares, prácticamente sólo sigue figurando la más que discutible regulación del sueldo de alcaldes, concejales y asesores, que supondrá la multiplicación por 2, y en algunos casos hasta por 3, de los actuales costes. Sigue sin rectificarse el catálogo competencial que no sólo supone un corta y pega de la regulación de 1985 con algunas ausencias notables como en materia de consumo o de servicios sociales de base, que son eminentemente de espíritu y concepción municipal, sino que además reproduce el reparto poblacional establecido en la Ley de 1950 como consecuencia del anacrónico mapa de planta que tenemos, cuando la población está exigiendo unos servicios y unas estructuras acordes con el Siglo XXI. También queda colgando una mala regulación de los Funcionarios de Habilitación Estatal, que somos los de mayor rango y responsabilidad de la administración local, y que puede hacer que se produzcan disfunciones que afectarían negativamente a todos los ayuntamientos.
Por todo ello creo que ahora ya no es el momento de intentar arreglar un coche que ha sido declarado siniestro total sino de hacerse con uno nuevo.
Hemos visto que hay organismos y comisiones que no han funcionado como se esperaba en la redacción del anteproyecto, limitándose a escribir al dictado lo que venía desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Y la FEMP en lugar de defender a los ayuntamientos, como es su fundamento, y plantarse inequívocamente ante esa reforma, intentó minimizar su impacto procurando no molestar en exceso. ¿Cómo es posible que nadie advirtiera con la suficiente rotundidad y anticipación de las irregularidades que suponían esos pilares?
Por eso vuelvo a proponer aquí lo que llevo tiempo haciendo desde otros foros, con gran receptividad: que el Gobierno constituya una mesa de trabajo abierta, participativa y plural, que comience cuanto antes y que esté formada no sólo por sus representantes sino también por la FEMP, las Comunidades Autónomas, incluidos sus Consejos Consultivos, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, así como por técnicos, representantes de la doctrina, la docencia, politólogos, municipalistas, etc., de forma que de ella salga un texto con el mayor consenso posible y que mire hacia el Siglo XXI en el que vivimos.
Sé que Europa exige antes de final de año una reforma de la administración. Con mi propuesta en esa fecha no tendremos una ley pero si una reforma creíble con la que Bruselas puede dar por cumplido el compromiso. Y una vez más será el mundo local quien le salve la cara al Estado.
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