Este pasado viernes era el día. Lo había anticipado hace unas semanas el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta: el viernes 19 se aprobaría el proyecto de reforma de la administración local. Sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a aplazar la aprobación, dicen, como consecuencia de algunos flecos pendientes para la redacción definitiva del texto que se enviará al Parlamento; es más, se da por hecho que la reforma se aprobará este mismo mes, previsiblemente en la reunión del Consejo de Ministros de la próxima semana. La incidencia del proyecto de ley sobre el ámbito local ha suscitado todo tipo de debates, apoyos y controversias, y en el caso de Andalucía va a convertirse en un nuevo punto de desencuentro entre las fuerzas de izquierda y el Partido Popular, algo de lo que tampoco se va a escapar Jerez, desde cuya Alcaldía se viene defendiendo las bondades y beneficios que esta reforma de la administración local reportará a la ciudad.
El Gobierno central asegura que está introduciendo aún algunas modificaciones al texto del anteproyecto que presentó en su día tras el informe correspondiente del Consejo de Estado y las solicitudes que le han hecho llegar tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como la Federación Española de Entidades Locales Menores, aunque ello no ha evitado la sorpresa después de que apenas 24 horas antes el propio Antonio Beteta confirmara que el asunto sería abordado en el Consejo de Gobierno.
Los intentos por reformar la administración local vienen de lejos y ya el anterior Gobierno del PSOE lo pretendió sin que diera frutos. Ahora parece ser que está a punto de llegar el momento. El anteproyecto de ley de la reforma local pretende, entre otros asuntos, evitar las duplicidades y el desempeño de competencias impropias, así como lograr el equilibrio financiero, para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local, según ha subrayado en varias ocasiones el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Desde el Gobierno se ha insistido en varias ocasiones en que la reforma busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que no atiende sólo al ahorro y la austeridad en la administración local.
El texto del anteproyecto fue aprobado el pasado 21 de mayo por la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y remitido al Consejo de Estado, quien en su dictamen sobre la reforma consideró que el cambio supondrá un “marco competencial más estrecho”, “una considerable restricción” y el “debilitamiento” de la autonomía municipal. A pesar de estas apreciaciones hechas por el máximo órgano consultivo del Gobierno, el Ejecutivo se ha mostrado razonablemente satisfecho con su reforma, aunque dispuesto a introducir las modificaciones que consideren pertinentes, porque no creen que con ello se vaya a alterar el espíritu de la ley.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que el Consejo de Estado ha “avalado la constitucionalidad de la reforma” y ha atribuido las recomendaciones hechas por el mismo a que el objetivo es que la ley dure muchos años.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma ha sido el del coste estándar, que ahora parece que va a ser sustituido por el coste efectivo que permitirá que los municipios no queden fuera de la prestación de servicios en muchas zonas, de manera que ya no se contemplaría la intervención en municipios de menos de 5.000 habitantes.
En cuanto al controvertido papel de las diputaciones, Beteta ha asegurado que ocuparán un lugar fundamental como puente y nexo de unión entre los municipios y las administraciones local, autonómica y estatal.
Entre las voces más críticas a la reforma, se ha escuchado la del PSOE, que ha llegado a proponer una reforma constitucional para incluir el reconocimiento explícito de la naturaleza política de la autonomía local. El modelo local socialista destaca la necesidad de señalar el “derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, así como la inclusión en la Constitución de una cláusula general de competencia municipal y una relación material de competencias que formen parte de la esencia de la autonomía garantizada”.
Los sindicatos también se han mostrado contrarios a esta reforma, al considerar que pone en peligro los servicios públicos básicos y provocará la pérdida de miles de puestos de trabajo, y han criticado que el proyecto se haya hecho sin negociar con los agentes sociales.
Por su parte, desde la FEMP han insistido en que van a incorporar a la reforma el máximo número de alegaciones realizadas por las Entidades Locales, así como durante el posterior trámite parlamentario.
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