El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a los peritos de la Agencia Tributaria designados a su juzgado que concreten, mediante informe, "las contingencias tributarias y si las mismas tienen trascendencia penal" respecto del PP desde el 2007 y también "respecto de las obligaciones fiscales que hubieran de incumbir a las personas físicas y jurídicas supuestamente preceptoras de rentas procedentes de la denominada Caja B" del partido.
En este segundo punto, el juez señala en su providencia que la petición se realiza " de forma específica" respecto del arquitecto Gonzalo Urquijo y su mercantil, Unifica Servicios Integrales. Se trata del arquitecto que realizó la reforma de la sede de Génova entre 2006 y 2008, y que aparece como preceptor en los denominados papeles de Bárcenas de un total de 637.000 euros en tres pagos realizados en dichos años.
Concretamente, el juez central de Instrucción número 5 señala que, una vez han sido incorporadas a la causa la anotaciones contables originales y otra documentación entregada por Bárcenas el pasado lunes, los peritos de la AEAT designados en auxilio judicial deben determinar si hay delito cometido por el PP enrelación al impuesto de sociedades y el IRPF (retenciones) para los ejercicios fiscales de 2007 en adelante, al encontrarse los anteriores prescritos, "efectuándose las oportunas estimaciones de cuotas que en cada caso procedieren".
El informe también deberá hacer mención a la posible trascendencia penal en que pudieran haber incurrido los supuestos preceptores de sobresueldos en B respecto de los mismos impuestos y también desde 2007, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre el IVA, efectuándose igualmente las estimaciones de cuotas en cada caso
Además, Ruz encarga a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que determinen la posible existencia de cohecho por vinculación "de las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el PP a través de sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, incluidas en la contabilidad B" con las adjudicaciones y contratos de los que hayan resultado beneficiadas "las sociedades relacionas con los querellados" durante el periodo objeto de la investigación.
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