Andalucía

UGT y CCOO protestan en contra de la reforma de la administración local

Estas concentraciones del viernes coinciden con la posible aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley que "mermará los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía y destruirá miles de empleos públicos en el ámbito municipal"

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Las federaciones de servicios públicos de los sindicatos UGT-A y CCOO-A se concentrarán este viernes ante los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas en defensa de los servicios públicos municipales y del mantenimiento del empleo público en los mismos y para expresar su rechazo al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovido por el Gobierno central.

   Para CCOO, dicha reforma de la administración local supone "la sentencia de muerte al municipalismo y al gobierno de proximidad".

   Estas concentraciones del viernes coinciden con la posible aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley que "mermará los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía y destruirá miles de empleos públicos en el ámbito municipal".

   De este modo, CCOO mostrará su rechazo frontal a una reforma que "supone el desmantelamiento de lo público y la privatización de los servicios públicos esenciales que los municipios prestan a los ciudadanos y ciudadanas".

   Por su parte, FSP UGT-A considera que con esta ley, el Gobierno central "pretende desmantelar el bienestar de los ciudadanos, quitándoles derechos consolidados, cerrando y privatizando servicios públicos básicos (sanidad, dependencia, educación, servicios sociales, cultura, deporte o transporte) "y de camino echar a la calle a miles de trabajadoras".

   Para UGT-A, "se trata de otra medida de drásticas consecuencias, llegando a haberse calculado que solo en Andalucía puede suponer la pérdida de 40.000 empleos públicos, llevando sin duda a consecuencias que afectan a todos, esto es, menos empleo público, es menos servicio público para los ciudadanos". Agrega que la eliminación de un servicio público "supone privatización o externalización, y por tanto, un coste para el usuario".

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