La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a tres años y medio de prisión y a pagar una multa de 22 millones de euros a cinco personas, principales miembros de una red acusada de introducir en España entre febrero y agosto de 2012 un cargamento de hachís procedente de Marruecos y que fueron detenidos en ese mes de agosto cuando una embarcación fue interceptada en el puerto de Huelva con un cargamento de 750 kilos de esa sustancia; cuatro de ellos reconocieron los hechos durante el juicio.
Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, éstos han sido condenados por un delito contra la salud pública de extrema gravedad, tratándose del cabecilla de la red, de su hijo, del dueño de la embarcación y de dos personas más, que se ocupaban de ocultar el hachís y de negociar la entrega de la droga, respectivamente.
A su vez, ha condenado a un año y medio de prisión a los tres marineros que acompañaban al patrón del barco cuando fue interceptado y a los que agentes de la Policía Nacional situaron durante el juicio "descargando los fardos de hachís en el puerto". A estos los condena también al pago de una multa de 22 millones de euros para cada uno.
Del mismo modo, condena a seis meses de prisión y a una multa de seis euros diarios durante seis meses a M.Z.V.C., que trabajaba en una tienda de telefonía, por un delito de falsedad en documento mercantil.
El juez considera probado que los condenados para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre sí jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.
Cabe recordar que durante el juicio el Ministerio Fiscal rebajó las penas a los principales miembros de la red y retiró para todos el delito de pertenencia a grupo criminal.
Por su parte, algunas defensas de acusados se adhirieron a las peticiones del fiscal y otras solicitaron la nulidad de las escuchas al considerar nulo el auto primigenio que las autorizaba; sin embargo, el tribunal ha declinado esta petición y ha dictado esta sentencia condenatoria.
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