El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, tomará declaración como testigos este miércoles y jueves a tres auditoras de la Cámara de Cuentas que participaron en la elaboración del Informe de Fiscalización sobre Invercaria correspondiente al año 2009 que propició esta investigación.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que estas declaraciones estaban previstas para el pasado 20 de junio, pero el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, decidió aplazarlas al recibir nueva documentación, en concreto el informe en el que el Tribunal de Cuentas descarta que los responsables de esta entidad incurrieran en responsabilidades contables "por alcance" por la contratación de tres empleados y los gastos de representación del que fuera presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, ascendentes a 25.101,09 euros en 2009.
De este modo, durante los próximos días 10 y 11 de julio comparecerán ante el magistrado instructor Amelia Martínez, María José González y Leonor Viñuales Gutiérrez, unas declaraciones que han llevado a su vez al juez a cambiar del 11 al 17 de julio la declaración como testigo del exdirector de Formación de Invercaria Cristóbal Cantos.
Todas estas declaraciones se enmarcan en la pieza separada de investigación relacionada con la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), pieza dentro de la cual hay un total de nueve personas imputadas.
Así, han comparecido ya como imputados ante el juez los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz; el ex director financiero de esta empresa pública, Antonio Nieto Garrido; el consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo; los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill; el ex director general de FIVA José Luis Hidalgo; Gonzalo Alba, ex director de Coordinación de Invercaria y exsecretario del consejo de administración de FIVA, y Manuel Jesús Rodríguez, analista de Invercaria.
El juez instructor imputó a todos ellos sendos presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y tráfico de influencias.
EL INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas llevó a cabo las correspondientes actuaciones previas como consecuencia de las irregularidades puestas de manifiesto en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas citado, en el que se aludía al abono de retribuciones a tres trabajadores contratados por Invercaria "que no prestan de forma justificada sus servicios en ella" y a los gastos de representación abonados en la etapa de Pérez-Sauquillo por importe de 25.101,09 euros, "sin que se haya acreditado debidamente su relación con la actividad de la empresa".
En el acta de liquidación provisional, consultada por Europa Press, el Tribunal de Cuentas dice, en cuanto a la contratación de estos tres trabajadores, que "resulta indudable que el personal destinado al desarrollo de las funciones" del Observatorio de Empresas "ha venido prestando sus funciones en el ámbito de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la cual depende la entidad Invercaria, siendo sus retribuciones satisfechas con fondos públicos y sus servicios prestados en el ámbito público".
Al hilo, concluye que "procede considerar que no se ha producido menoscabos en los fondos públicos que pudieran resultar determinantes de responsabilidad contable por alcance en la medida en que las retribuciones abonadas lo han sido en contraprestación de servicios prestados en el ámbito público de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la cual depende la misma entidad con cargo a cuyos presupuestos han sido abonadas dichas retribuciones".
EL JUEZ PIDE DATOS SOBRE LOS TRABAJADORES
Respecto a la supuesta falta de justificación de los gastos de representación de Pérez-Sauquillo por importe de 25.101,09 euros, el Tribunal de Cuentas dice que, tras el análisis de la documentación aportada, "cabe considerar acreditados los gastos, por lo que no procede considerar la existencia de responsabilidad contable por alcance".
En este sentido, el juez ha solicitado a Invercaria que remita una copia del informe de 18 de enero de 2013, emitido por el representante legal de la entidad, en el que se describen los servicios prestados por los trabajadores referidos en la propia Invercaria, así como de los documentos unidos al mismo.
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