El abogado del bufete Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha asegurado este jueves que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro".
En declaraciones a los periodistas durante un receso en su declaración ante la juez Mercedes Alaya, Carlos Leal ha asegurado que "no tiene nada que ocultar" y que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro".
De su lado, fuentes del caso han informado de que, durante su comparecencia ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, el letrado ha señalado que "no tenía conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en las pólizas de prejubilación" vinculadas a los distintos expedientes, y que "se fue cabreando exponencialmente" conforme se fue enterando de dicha inclusión de 'intrusos'.
A preguntas de la juez instructora, el imputado ha explicado que su trabajo consistía en asesorar en la tramitación de los ERE; en concreto, la juez le ha cuestionado sobre los expedientes de Río Grande, Santana o Hijos de Andrés Molina.
La juez ha ordenado a las 15,20 horas un receso para el almuerzo, por lo que la comparecencia no se reanudará nuevamente hasta las 17,00 horas con preguntas de la magistrada.
La instructora ha imputado un total de siete delitos al abogado y le ha atribuido haber participado en la "trama" desde el año 1999, año al que la magistrada ha decidido ampliar la investigación mediante un auto conocido esta semana.
De este modo, la juez Mercedes Alaya ha imputado al letrado sendos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.
Durante más de una hora, la magistrada le ha leído los hechos que le imputa y que, a su juicio, "ponen en evidencia su rol delictivo dentro de la trama", en la que habría supuestamente participado desde el año 1999 a través de los expedientes de Faja Pirítica, Santana, Aglomerados Morell o Río Grande, entre otros.
Carlos Leal era el último de los imputados que faltaba por declarar ante la instructora en relación a la operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil para investigar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
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