La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal de una vivienda de Ronda para evitar el desahucio de Amalia, a quien su banco, el Santander, había comunicado su intención de desahuciarla al dejar de hacer frente al pago de su hipoteca. La Junta de Andalucía ha comprobado la situación familiar de Amalia y entendido que ella y su familia corre el riesgo de quedar excluida de la sociedad si finalmente pierde su casa. Tal extremo es posibles gracias al famoso decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno Andaluz: "El objetivo de este decreto de la Junta no es otro que hacer que se cumpla con la función social de la vivienda, que no es sino dar habitación a las personas", explicó Álvaro Carreño, de IU Ronda, quien guió los pasos de Amalia junto al 15M tras conocer su caso.
"Un abogado rondeño me hizo llegar al 15M, y ellos me han ayudado junto con Álvaro", relataba Amalia, quien dijo sentirse feliz al haber podido ganar tiempo frente a la intención de su banco de llevar a cabo una ejecución hipotecaria. En concreto, fue ayer martes cuando esta mujer presentó ante la oficina especial de la Delegación de Fomento y Vivienda en Málaga la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de su vivienda, lo que le permitirá estar en ella tres años, según marca el Decreto-ley 6/2013. "Hay soluciones ante los desahucios, pero debe haber interes político. Si una normativa autonómica permite frenar un desahucio, el Gobierno Central, con muchas más herramientas, podría hacerlo, pero no tiene voluntad", defendió Álvaro Carreño.
Amalia, que está separada y vive en esa casa con su hijo, no evitó emocionarse en su encuentro ante la prensa al asegurar que su actual situación económica no le permite hacer frente al pago de la hipoteca, y animó a quienes sufran un drama similar al suyo a pedir ayuda: "No debe darnos vergüenza. Quien roba o utiliza su poder para robar, y quien mata, es quien debe sentir vergüenza. Hay que pedir ayuda a quien te la puede ofrecer, como yo hice", aseguró.
Esta expropiación es la tercera que se produce en la provincia de Málaga tras dos habidas en la capital. Constituye, por otro lado, la octava en toda Andalucía, tras que el pasado 23 de mayo una familia de Huelva protagonizara el el primer trámite de expropiación forzosa a entidades financieras del uso de la vivienda, a los que se sumaron otros tantos en Almonte (Huelva), en Motril y Charches-Valle del Zalabí (Granada), y en San Roque (Cádiz), así como los dos citados en la capital malagueña.
Al iniciarse el procedimiento de expropiación temporal, éste se somete a información pública con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios conforme a la disposición adicional segunda del anteriormente citado Decreto-ley 6/2013.
Desde ese momento, se abre un plazo de 15 días hábiles para que los titulares y demás interesados puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre esta vivienda u oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación.
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